Afianzar la Justicia

01/03/2013

¿Qué es lo que la sociedad espera de la Justicia? Ese es el quid de la cuestión. Se espera que la Justicia tenga un contacto más cercano con la sociedad. Que el acceso a la Justicia sea un derecho palpable. Que los jueces sean personas terrenales, que paguen sus impuestos y que hagan públicas (porque son personas públicas) sus declaraciones de bienes. Que inspiren confianza producto de su independencia de criterio. Que no tengan explotaciones comerciales ni concurran a lugares de azar. Serlo y parecerlo. Que a la vez brinden un servicio (el de Justicia) a la sociedad. Y que lo hagan con un lenguaje sencillo, de fácil comprensión. Que las sentencias sean anoticiadas a los ciudadanos a través de los medios de prensa (en todas sus versiones y vertientes), para que de esta forma la comunidad pueda tener el control ciudadano de lo que hacen los jueces, todo lo cual transparenta la función judicial. También constituye un mecanismo de control ciudadano de los actos de gobierno, la realización de audiencias orales, que deben ser comunicadas por los medios oficiales, para que la ciudadanía pueda comprender cómo se dirime un expediente. Todo ello, más allá del formato de cómo se dirijan hacia los jueces: Su Señoría, Vuestra Excelencia y otras denominaciones más propias de otros tiempos que de los actuales, así como el uso (o desuso) de la toga, aún vigente en algunos países del sistema anglosajón; dichas cuestiones no hacen a la esencia de la función y desempeño del juez.

Asimismo es imperioso que el Sistema de Administración de Justicia sea eficaz y eficiente en su gestión. Ello significa que los jueces resuelvan el universo de casos (detrás de los cuales hay conflictos sociales, entre particulares o de orden público) que tienen para fallar con equidad y justicia, sin distinguir si se refieren a ciudadanos de bajos recursos económicos o de alto poder adquisitivo; se trate de delitos comunes o de crímenes complejos; de un juicio contra el Estado, a favor del Estado o de una empresa; con afectación al ámbito local o con implicancias internacionales, todos los casos deben ser resueltos a la mayor brevedad posible, cumpliendo desde ya las garantías del debido proceso pues, fiel al adagio popular, la justicia lenta… no es justicia.

El cargo de juez (al igual que el de fiscal y defensor oficial) es de gran prestigio, y se obtiene luego de un largo y complejo camino, que implica un riguroso análisis de antecedentes profesionales, examen escrito, audiencias públicas, test psicológico, presentación de declaración jurada de bienes, consulta a la ciudadanía sobre las cualidades del candidato propuesto; todo ello con intervención de los tres poderes del Estado. La gran cantidad de escollos a superar conforme el actual diseño constitucional para la selección de magistrados no torna aconsejable que sea sustituido por uno de elección popular, que llevaría a los jueces a efectuar campaña política (con sustento económico), de la cual, precisamente, se busca la independencia.

El juez hace las veces de un director empresarial, en el ámbito público. Se tiene que especializar y capacitar para luego transmitir sus conocimientos y experiencias a sus empleados, los cuales deben ser seleccionados teniendo en cuenta distintos aspectos, la experiencia laboral, los méritos académicos, dándoles la oportunidad a todos los aspirantes, sin distinciones ni favoritismos personales o familiares. Constituye un imperativo del magistrado, efectuar un despliegue inteligente de los recursos tecnológicos, materiales, humanos y de la información. Debe establecer un plan de acción al que deben exigírsele resultados, sin que constituya un obstáculo para dichos fines, ni los horarios ni las ferias judiciales, más allá de los razonables descansos laborales. Los jueces deben rendir cuentas de sus actos y demostrar su productividad mensual, semestral y anualmente ante los organismos de control establecidos por la Constitución Nacional y sus leyes reglamentarias.

El Ministerio Público fiscal cumple un rol protagónico en la promoción de la acción penal y en defensa de los intereses de la sociedad y de la legalidad del procedimiento, tendiente cada vez más hacia un sistema acusatorio, estableciéndose claramente la distinción entre la función de acusar (en cabeza del fiscal) y de juzgar (en cabeza del juez). La Procuración General de la Nación (organismo que agrupa a todos los fiscales federales) debe tener como objetivo (y de hecho ya lo está implementando) la investigación de los delitos de mayor complejidad, y desarmar redes y lógicas criminales. La defensa pública oficial constituye un pilar esencial del sistema democrático para que todas aquellas personas pobres, incapaces y ausentes puedan tener garantizado su derecho de defensa en juicio.

Pareciera que las líneas escritas precedentemente no son metas tan difíciles de conseguir hoy en día; sin embargo, la observancia de las mismas permitirá cumplir con lo que marca la Constitución Nacional en cuanto a un bien colectivo tan preciado para la sociedad: afianzar la Justicia… para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino.

Por Mariano Hernán Borinsky (Juez de la Cámara Federal de Casación Penal. Especialista en Derecho Penal. Profesor y doctor de la Universidad de Buenos Aires. Ex fiscal general en lo Penal Económico y a cargo de la Ufitco.)

Publicado en Página 12 – http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-214873-2013-03-01.html

Jóvenes en las cárceles

25/02/2013

Desde mediados de los 90, una parte de la opinión pública argentina exige “tolerancia cero” y “mano dura” con los delincuentes.

Y más recientemente, reclama la baja en la edad de punibilidad en el proceso penal de lo que llama pibes chorros, sinécdoque que estigmatiza y margina a los adolescentes que trasgreden la ley, un nuevo trastorno que se suma al debate sobre la inseguridad. Los medios de comunicación informan permanentemente “en vivo y en directo” sobre robos, secuestros, toma de rehenes por jóvenes que delinquen, quienes son vistos como perversos, productos de las fallas estructurales en la familia y la educación, de la adicción a las drogas o al consumismo desenfrenado. Tanto la óptica conservadora como humanista, tratan de desvincularlos de la pobreza, la primera para negarle sus causas sociales y la segunda a fin de evitar la represión indiscriminada en los barrios populares, del gatillo fácil que ha costado más de 1.900 víctimas en democracia.

“Para hablar de la delincuencia juvenil es preciso esclarecer la sensación de inseguridad en la población. Esta responde a ciertos factores objetivos, a la forma en que reverberan en la opinión pública a través de los medios y del accionar de distintos líderes políticos”, explica el sociólogo y antropólogo Daniel Míguez, que en los últimos diez años indagó en juzgados de menores, institutos de rehabilitación, cárceles, bailantas, santuarios de jóvenes muertos por policías, familias y barrios pobres para escribir Los pibes chorros y Delito y cultura. Los códigos de la ilegalidad en la juventud marginal urbana, entre otros ensayos.

Míguez explica: “Las estadísticas muestran que el incremento de la actividad delictiva se inició en la década de los 80 sin que la sociedad lo percibiera, dado que era muy pequeño.

En términos absolutos, la expansión mayor del delito se dio en los 90, y a partir del 2001 se perciben crecimientos y reflujos. Los datos indican, además, que el incremento del delito no es homogéneo, porque se da mayoritariamente en Buenos Aires, Cuyo –especialmente en Mendoza y con excepción de San Luis– y en Neuquén, y recae sobre la propiedad que es lo que la opinión pública más teme”.

“Si bien existe un sustrato objetivo, es la repercusión de esa expansión del delito la que hace que todos tengamos el mismo nivel de temor. Frente a un hecho delictivo muy llamativo, por efecto de los medios surge una suerte de psicosis colectiva: percibimos que algo nos va a suceder en cualquier momento, que estamos en una sociedad normalmente insegura.

Pero lo real es que en los últimos siete años no hay una dinámica de expansión muy sostenida”, señala.

El huevo de la serpiente

“Pibe chorros no se nace, se hace. La delincuencia juvenil encierra un proceso muy complejo, una conjunción de factores como la pobreza, la falta de equidad, el desempleo y, especialmente, la falta de expectativas.

Comienza a gestarse en los años 80, cuando el mercado de trabajo formal deja de acompañar la dinámica del crecimiento demográfico y los jóvenes con bajos niveles de calificación sólo consiguen insertarse en el empleo informal. En la década siguiente, Argentina deja de ser uno de los países con mejor distribución de la riqueza para ubicarse entre los que evidencian mayores diferencias económicas. El poder adquisitivo del salario cae un 40 por ciento, y por períodos prolongados más de la mitad de la población está por debajo de los índices de pobreza”, explica Míguez, profesor de las universidades nacionales de General San Martín (UNSAM) y de Buenos Aires (UBA).

“Paradójicamente, en los 90, cierta innovación del bagaje productivo en Argentina hace que ganen competitividad algunos sectores de la industria.

Surgen fuentes de trabajo altamente inestables que producen un aumento del desempleo –cuyos picos oscilan entre el 17 al 20 por ciento–, porque para equilibrar la irregularidad de los ingresos del jefe de familia, el resto de sus integrantes sale a buscar trabajo. Los jóvenes llegan a la paternidad sin haber logrado una trayectoria laboral que conduzca a algún tipo de progreso económico. Y sus hijos no pueden reconocer en sus padres el modelo de dignidad personal y progreso social que conocieron sus abuelos. La máxima peronista ‘del trabajo a casa y de casa al trabajo’, que había definido el estilo de vida de amplios sectores populares, se vuelve inviable porque hay pocos empleos a los que concurrir y porque ‘la casa’ cada vez existe menos como contención afectiva. Además, la falta de empleo significa la ausencia de pertenencia, la muerte social. Y como en su mayoría las familias de sectores de bajos ingresos adhieren culturalmente al modelo patriarcal, la pérdida de la figura del varón como protector ocasiona frecuentes crisis en su estructura. Surgen entonces las familias monoparentales, encabezadas por madres solas o se disuelven los vínculos que operan como primer factor de integración social para las nuevas generaciones. En tanto, se instala en el país un mayor consumismo y entre los jóvenes especialmente, como una forma de posicionarse en relación a la sociedad. Es durante el transcurrir de este proceso de desequilibrio cuando surgen los pibes chorros. La imposibilidad de insertarse en el mercado de trabajo, la falta de expectativas hace que los jóvenes tengan cierta tendencia a incurrir en la ilegalidad o a alternar entre la ilegalidad y el empleo legal”, indica.

El cuerpo del delito

Míguez subraya que el temor hacia los ‘pibes chorros’ es “infundado porque en la relación causal entre pobreza y delito los chicos indigentes con causas penales apenas son 6 de cada cien adultos. Aun suponiendo que exista subrepresentación del fenómeno, seguiría siendo un grupo muy minoritario. Sucede que la delincuencia en niños tiene una enorme repercusión social porque en nuestra cultura representan la pureza, la inocencia. Un chico armado es algo que trasgrede toda nuestra idea de la infancia”.

“La sociedad teme a un cierto tipo de delito que, paradigmáticamente, roba a mano armada, cuando los delitos de guante blanco –como la corrupción de un funcionario– son igualmente nocivos y a veces mucho más masivos y dramáticos. En las estadísticas, el robo a mano armada oscila entre el 8 o 9 por ciento anual, cifra relativamente pequeña comparada con las Brasil,

Colombia, incluso de Estados Unidos, país al que se toma como ejemplo de seguridad”.

Míguez advierte sobre la creencia social de relacionar el delito y la violencia que se despliega a través de los medios: “Pero es difícil saber si efectivamente esas películas y juegos hacen a los jóvenes más violentos. Lo que sí está claro es que hay modos o estilos que se transmiten a través de los medios.

Los chicos de Fuerte Apache imitan las modas de los guetos de Nueva York. Si esa imitación implica o causa violencia, lo desconozco, como sucede con las drogas. Puede ser que la droga sea un catalizador, pero no es la causa. Puede ser que los chicos vean un arma e imiten eso, pero primero tiene que haber algo para que eso sea imitable. No cualquiera sale con un arma a la calle porque lo vio en la tele”.

Valores perdidos

Míguez afirma que es exagerada la idea generalizada de que las redes de sociabilidad convencionales se han disuelto: “Los datos estadísticos recogidos en las villas indican que para la mayoría de los habitantes el trabajo, la familia y la educación siguen siendo valores importantísimos, por lo menos a nivel de idealización. La excepción es una minoría que ni siquiera ha dejado de creer en ellos, aunque los perciba como difíciles de concretar. Y también esos valores están presentes en los institutos de menores. Pero se nota una enorme ambigüedad entre el desearlos y la imposibilidad de plasmarlos, algo que no sólo tiene que ver con las condiciones materiales, sino con estructuras de hábitos y actitudes que permiten conformar una familia, sostener un trabajo o dentro del proceso educativo”.

Y agrega: “Cuando uno mira cómo es el delito en sociedades como la de Suecia o Canadá, se da cuenta que las condiciones institucionales y estructurales de la sociedad tienen una enorme incidencia. Si bien no lo explican todo, las relaciones estructurales explican una enorme proporción del delito. Y las correlaciones estadísticas permiten ver que el vínculo entre desempleo y delito es muy fuerte. Se podría decir que milagrosamente aquí es una minoría de los afectados por la pauperización la que reacciona transgrediendo la norma. Por eso, las políticas del gobierno contra el desempleo son importantes para combatir el delito, pero las políticas específicas del sector seguridad que tanto reclama la opinión pública sólo pueden tener un efecto relativo”.

La necesidad de políticas que ataquen las causas y no las consecuencias del delito es una prioridad, “porque no sabemos cómo se lo restituye socialmente a un chico que pasó por una situación de extrema marginalidad y desamparo”. “La psicología y la sociología tienen aproximaciones, ideas generales, pero ninguna respuesta taxativa acerca de cómo y qué tipo de instituciones resuelve esto de una manera solvente, para reintegrar ya no a un 3 por ciento sino a un 80 por ciento. He seguido miles de programas distintos de todas partes del mundo que se consideran muy exitosos si logran una reintegración del 20 ó el 30 por ciento. Aquí se acusa al Estado de ineficiencia, pero es pedirle a un sistema de agencias que haga algo que nadie sabe cómo hacerlo”.

Por Victoria Azurduy

Publicado en Revista Nómada –  http://www.nomada.unsam.edu.ar/?attachment_id=578

Las armas de fuego están fabricadas para matar

19/02/2013

Nueve personas fallecen por día como consecuencia del uso de armas de fuego. Pero sólo la cuarta parte de esas muertes es en ocasión de robo: el resto se debe a suicidios, casos de gatillo fácil, conflictos interpersonales y otros tipos de violencia. Los datos del Ministerio de Justicia de 2008 lo confirman: el 64 por ciento de los homicidios dolosos no ocurren durante un delito. Otro dato preocupa más: un millón doscientas mil personas tienen armas en su casa de manera legal, con los papeles del Renar. Y se estima que hay otro millón sin registrar. “Las armas de fuego están fabricadas para matar. Y su uso para la defensa personal es frecuentemente inútil”, afirma Darío Kosovsky. Es abogado y docente. Investigador permanente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y miembro de la comisión directiva de Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (Ilsed). También escribió el libro El ciudadano sheriff, donde analiza el uso de armas en la Argentina.
–A partir del caso Etchecopar, se escucharon justificaciones a favor de su accionar. Se dijo que, como estaba dentro de su casa y corría peligro su familia, había hecho bien en disparar. ¿Hizo bien? ¿Qué debería haber hecho?
–Si Etchecopar obró bien o mal lo sabe él mismo y carece de sentido ingresar en un juego de hipótesis sobre los modos de reacción de cada persona frente a una situación similar. El intercambio generado por las interpelaciones posteriores a este tipo de eventos (“y vos qué harías” o “y vos no matarías si tocan a tus hijos”) genera debates fundados en lo emocional y obnubila los caminos para escudriñar los modos en que la sociedad y sus instituciones pueden abordar el fenómeno de los conflictos interpersonales violentos, de los que este hecho es tan sólo una expresión. El campo al que nos lleva este acontecimiento en particular es al de la gestión de la conflictividad interpersonal y puntualmente, en su marco, al de la utilización de armas de fuego.
–¿La tenencia de armas en un hogar aumenta la posibilidad de que una autodefensa termine mal?
–Las armas de fuego están fabricadas para matar y diariamente en nuestro país y en el mundo cumplen con creces su cometido. Su uso para la defensa personal es frecuentemente inútil para el objetivo pretendido y genera accidentes y muertes de quien acude a ellas, o de sus familiares.
–Así lo señalan las estadísticas…
–No sólo estadísticamente hay una contundencia argumental irrebatible en este sentido, sino que casuísticamente (para quienes oponen el “no me vengan con estadísticas”) es fácil contabilizar una infinidad de casos relacionados. No sólo con quienes se han intentado defender con armas, sino con las personas que las tenían por seguridad y terminaron muertos ellos o sus familiares, por accidente. Ejemplos sobran: en Cipolletti un nene mató de un balazo a otro frente a su hermanito de tres años mientras manipulaban el arma de su padre. Más cercano está el caso del ex gobernador Carlos Soria.
–El debate por la inseguridad o sobre el uso de armas aparece siempre de manera espasmódica.
–La reactivación del debate sobre el recurso de las armas de fuego para la defensa personal expresa, independientemente de las sensaciones individuales frente a lo que se denomina genéricamente “delito”, una dinámica de tensión permanente entre los discursos de emergencia y los discursos de excedencia. Esta tensión se configura a partir de la existencia de temores reales y hechos puntuales de la vida social que son redimensionados a partir de un proceso de violencia simbólica. Los temores a ser víctimas de delitos están extendidos en nuestra sociedad y si bien el “miedo al delito” tiene un vínculo con los hechos de violencia que sufre una persona, la relación no es causalmente directa. Esto significa que entre las situaciones que experimentamos y nuestros miedos hay una relación mediada por una multiplicidad de factores entre los que se destaca la violencia simbólica de la que prácticamente todos somos víctimas.
–¿Qué responsabilidad tienen los medios en la creación de miedo?
–La responsabilidad de los medios masivos de comunicación ya ha sido más que graficada en los últimos tiempos. Todos somos consumidores de medios que reproducen un mismo suceso violento cada 30 minutos durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana en una variedad de noticieros y flashes informativos en todo el país, respecto de los que también se realizan entrevistas en programas periodísticos prime-time, se publican informes especiales y sobre los que se editorializa –hasta que dura el interés en el evento– en los medios gráficos y, hoy también, en sus versiones web. Este consumo nos transforma en víctimas de violencia simbólica, es decir que se ejerce con nuestra anuencia. Redimensiona cuantitativa y cualitativamente nuestros miedos y tiende a la anulación de nuestra capacidad crítica, con lo cual sentimos en carne propia lo que visualizamos e internalizamos como propias las opiniones que nos transmiten.
–¿Ese miedo legitima además el uso de armas?
–Sí, la legitimación de la tenencia de armas “para seguridad” se va construyendo como parte de reacciones emocionales a estos procesos y se refuerza en momentos en que ocurre un hecho como el de Etchecopar. Hay actores que intentan incidir en esta construcción social de los miedos y hoy, entre ellos en nuestro país se encuentra el propio Estado. El Estado argentino, incorporó como propias ideas de la sociedad civil y desde 2007 ha instado sistemáticamente a la población a no tener armas en sus hogares.
–¿Cuál fue la respuesta de la sociedad?
–Ha sido asombrosa, casi inédita en el mundo. En el marco del Plan Nacional de Desarme, hombres y mujeres de todo el país han entregado más de 127.000 armas de fuego y 1.000.000 de municiones que ya fueron destruidas. Independientemente de haber sacado de circulación aproximadamente un 5 por ciento de las armas del país y del impacto que ello ha tenido sobre los suicidios y los homicidios en diferentes ciudades, el propio plan ha tenido sobre quienes entregaron un gran impacto a partir de la inutilización de las armas por aplastamiento en el momento de la entrega. Tanto esta acción estatal, como las grandes campañas de comunicación de concientización sobre los riesgos de la tenencia de armas en los hogares y el activismo de la sociedad civil en la prevención de la violencia armada, han buscado y logrado tensionar al discurso de la emergencia.
–¿Considera que el Gobierno Nacional ha tomado un rol más activo en la seguridad pública?
–La puesta en crisis del discurso de emergencia a partir de una visión más estructural de la gestión de la conflictividad lleva implícita la obligación estatal de proveer de mejor seguridad a la población. Ello parece haber sido asimilado por la Nación, que frente al cuestionamiento de “tenemos que protegernos porque nadie lo hace” y al posicionarse por el desarme y desmotivar a la población al uso de la violencia está asumiendo un rol activo como protagonista de la generación de mayor seguridad en la población. La creación de un ministerio específico, si bien en proceso de consolidación, lo confirma en tanto ha ido gestando un inédito gobierno político de la seguridad tendiente a revertir la impronta delegativa en las instituciones policiales y a fijar los lineamientos estratégicos de la seguridad pública, asumir la dirección político-institucional de las fuerzas de seguridad, del sistema de prevención de la violencia y el delito y de la participación comunitaria.
–¿Esa es también la situación en la provincia de Buenos Aires?
–No, la provincia de Buenos Aires, si bien había sido precursora en reformas institucionales en la materia en el país, en los últimos años inició un proceso de reversión que se está evidenciando tanto en la dinámica de criminalidad como de violencia institucional en ese territorio. La puesta en tensión de los discursos y prácticas de la emergencia no sólo necesita de la profundización estatal de la política de desarme sino que exige, además, de su correlato en el impulso de pautas y lineamientos con la misma orientación desde la Nación a las provincias en materia de conducción política de los sistemas de seguridad.

Extracto de la nota publicada en Miradas al Sur – http://sur.infonews.com/notas/entrevista-dario-kosovsky-coordinador-del-ilsed

Lo superfluo es lo visible

15/02/2013

Antoine Marie Jean-Baptiste Roger de Saint-Exupéry en El Principito, pone en boca del zorro, esa frase impresionante: “Lo esencial es invisible a los ojos”

Podría quizás, en contraposición habernos legado esta otra: “Lo superfluo es lo visible”.

Que muy probablemente sería la más adecuada para definir el Operativo Verano del gobierno bonaerense.

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Hace algunos años en una reunión informal y distendida previa al inicio de la temporada veraniega, un alto jefe policial a cargo de la seguridad de parte de la Costa Atlántica argentina, deslizó lo que sigue:  -Yo puedo trabajar para dar seguridad o puedo trabajar para que la gente crea que está segura.

Una clara interpretación del comentario del funcionario sería: se puede hacer seguridad sin que se note o se puede hacerlo notar sin brindar seguridad.

Saint Exupery en estado puro.

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Tomemos como ejemplo uno de los sitios paradigmáticos en los que este operativo tuvo lugar este año. El partido de Pinamar, ha sido y es una caja de resonancia muy particular en las temporadas de verano desde hace mucho tiempo y para esta realidad convergen distintos factores que no es intención analizar en este apunte.  Aunque convengamos que es indispensable conocer este dato, que no es desapercibido por las autoridades ministeriales.

El operativo dio comienzo en los últimos días de diciembre con un amplio despliegue de banderas multicolores en todo sitio susceptible de contenerlas; plazas, rotondas, edificios policiales, casillas y todo sitio capaz de albergarlas fue prolijamente decorado con la insignia de la policía o de su epígrafe, aún cuando así evidenciaran su soledad y se hiciera patente la falta de personal.

Vehículos obsoletos –alguno de los cuales, rescatado quizás de algún desarmadero,  se incendió a poco de llegar-; eso sí, prolijamente decorados con diseños que no deben figurar en los manuales pero que reconozcamos alegran la vista y cuya única función era ser destacados con sus balizas encendidas en sitios muy concurridos.

Garitas colocadas en lugares de alto tránsito con la sola misión de ser percibidas por transeúntes y conductores, sin ningún aporte real a la seguridad.

En  otro caso, una primorosa autobomba colocada a la vera de uno de los accesos con sus responsables en una sola clara intención de ser notados, atento a la falta de alguna acción que justificara su presencia.

El helicóptero policial en recorridas nocturnas con su reflector encendido y su sirena ululando para hacer mucho más notable su accionar “preventivo”.

El Grupo Especial Halcón, recién caída la tarde, en lo que los turistas llaman la típica “vuelta del perro” por Cariló.

Una vez más, los efectivos del Servicio Penitenciario Bonaerense en un accionar sólo diurno dilapidando su sapiencia y conocimiento.

Fruto de un convenio de cooperación y asistencia con los prestadores de servicios de seguridad privada, tareas de apoyo consistentes en implantar vehículos en lugares céntricos en horarios nocturnos con su personal prolijamente ataviado y sin misiones específicas más allá de esa presencia insustancial.

Quedan a salvo de las críticas nuevamente, los efectivos policiales consustanciados con su razón de ser, en particular y muy especialmente los pertenecientes a la Policía Comunal local y los pertenecientes a algunos grupos descentralizados.

En este marco, la destitución del Jefe Departamental en los primeros días de enero, en un desatino rápidamente corregido con un enroque apresurado, operación sobre la cual las explicaciones de los responsables del Ministerio de Seguridad no alcanzaron para justificar lo injustificable y únicamente denotaron impericia.

Como es posible advertir todas éstas, acciones que procuran ser perceptibles por los turistas, pero que tienen poco que ver con un dispositivo de seguridad que realmente busque el objetivo de minimizar los delitos.

En síntesis, lo superfluo es lo visible. 

Por Apuntes de Seguridad Ciudadana

Dimensión política de la seguridad pública

12/02/2013

La ausencia de la participación ciudadana, la imposición de un pensamiento que privilegia la inequidad y el impedimento al debate nacional sobre alternativas estructurales y políticas públicas transformadoras para la inclusión social y política de los excluidos y marginados, se conjuga con las serias deficiencias y las prácticas autoritarias, violentas e inquisitorias del procedimiento clásico oligárquico burgués, afianzadas en la policía, la justicia penal y la tradicional raison d´etat

Este inicuo déficit no es nuevo, ya que sobrevive a los Acuerdos de Paz, provocando que el proceso de democratización fuese en realidad una cuestión de rutinas formales y no la implementación de una cualidad de la vida social, constituyéndose hoy en uno de los elementos que caracterizan la fragilidad del sistema institucional, al punto de restringir considerablemente el alcance de un verdadero Estado democrático, social de Derecho, fundado en la equidad y la justicia.

Asistimos a una situación compleja que requiere soluciones complejas. La seguridad pública no se limita al combate al delito o a la reducción en sus tasas. Se requiere, para su buen desarrollo, de un razonamiento más profundo que explique el crimen como consecuencia de unas reglas y un contexto definido por la formas de convivencia social, la cultura y las relaciones entre los ciudadanos y las instituciones, en particular con aquellas como la policía, la fiscalía y la justicia, que en muchos casos, promueven con su actuación, procesos de ilegalidad y violencia, aumentando la victimización y profundizando el conflicto.

Lamentablemente, las acciones desplegadas por el Estado en la seguridad pública y la ausencia práctica de una política criminal, expresan un hándicap importante a la hora de entender la complejidad del problema y encontrar el rumbo adecuado.

En este contexto, las políticas de seguridad pública, no logran ser asumidas más que como políticas “de reducción de daños” y “de manejo de escándalos” ante el impacto social del delito. Se sigue pensando insistimos, en respuestas rápidas efectistas y no en las causas orgánicas de los problemas. Esto permite, como lo podemos evidenciar, que las acumulaciones históricas de los conflictos, potencien los efectos, en un ciclo vicioso que frena cualquier forma de desarrollo nacional e inevitablemente conduce a crisis crónicas.

Indudablemente que el inicio de solución para estos problemas profundos y complejos, pasa por un debate nacional que en primer lugar construya ciertos principios, valores, lógicas y procedimientos propios de una cultura democrática para resolver los conflictos sociales. No hay posibilidad de plantear el problema de la seguridad en términos democráticos, si no se reconoce la existencia del conflicto social como parte de la dinámica de los grupos humanos. En función del proceso social, se deber relacionar el problema de la seguridad con la teoría del abuso de poder, y considerar que las demandas de seguridad constituyen de alguna forma, llamados al cese del abuso de poder.

El bien a defender, por la acción de seguridad del Estado, define políticamente a la propia comunidad, ya que las políticas de seguridad deben responder a la seguridad de la gente, de la sociedad como colectivo social y de las instituciones políticas que han de expresar las bases del pacto constitutivo de la comunidad política, siendo inadmisible que el interés de uno pueda desarrollarse en contraposición del interés del otro.

Por Oscar A. Fernández O. (Columnista de ContraPunto)

Publicado en Contrapunto (El Salvador) – http://www.contrapunto.com.sv/columnistas/dimension-politica-de-la-seguridad-publica

Qué poco se sabe sobre inseguridad

08/02/2013

No es posible gobernar la seguridad pública sin conocer aquello sobre lo cual se pretende tener el control. Y no es posible conocer el fenómeno delictual sin investigación sistemática, organizada y confiable. Por el contrario, la ausencia de conocimientos e información pública cede el lugar a una ideologización engañosa, tal como ha sucedido en nuestro país en los últimos años.

El panorama es paupérrimo. Por un lado, unos simplifican irresponsablemente el problema declarando que se trata de una “sensación”, al tiempo que destacan el bajo índice de asesinatos de nuestro país en términos comparativos. Y, por el otro lado, sin demasiada reflexión, se sostiene que el problema se resuelve con más policías y un incremento de penas que, por lo general, suelen recaer en poblaciones ya suficientemente castigadas. Los primeros piensan sin demasiado escrúpulo que el único indicador de la llamada inseguridad son los asesinatos y desvalorizan la poderosa experiencia de delitos que no matan, pero son constantes. Niegan el ultraje que cientos de ciudadanos de clases bajas y medias experimentan diariamente y que termina transformando sus vidas: robos, arrebatos, amenazas, “peajes”, secuestros, lesiones físicas. Y los segundos creen que entre las fuerzas de seguridad y los criminales existe, como en las películas, un límite claro y prístino. Los buenos luchando contra los malos.

Con todo, ninguna de las dos posturas puede mostrar argumentos superadores, pues la realidad les enseña algo peor: que sabemos increíblemente poco. Y, sin embargo, se toman decisiones. Las estadísticas delictuales que se exhiben en sitios gubernamentales, además de desactualizadas, son notoriamente defectuosas, cuando no inexistentes. Desde el año 2007 no se han vuelto a realizar y publicar encuestas de victimización patrocinadas por el Estado (o no se han hecho públicas) y eso significa que no sabemos qué características tienen las víctimas, qué tipos de delitos son comunes, con qué frecuencia se producen o cuál es su localización en los grandes centros urbanos del país.

La ausencia de investigación académica, mientras tanto, ha cedido el lugar a una dinámica perversa, compuesta por un periodismo menesteroso y políticos oportunistas que no se atreven a ninguna reforma seria.

Este problema se corona, además, con la sistemática violación de la ley de acceso a la información pública. Sin desconocer el valor de algunas iniciativas ya en funcionamiento, se torna necesario destacar que, aún con eso, la insignificancia de nuestros conocimientos es enorme. Y lo seguirá siendo en la medida en que no se reconozca a la investigación, a la generación de información y a la elaboración de diagnósticos como pilares indispensables de una solución al problema de la inseguridad. Sólo la densidad de los conocimientos y una decidida difusión pública de los mismos pueden condicionar decisiones arbitrarias e intereses de corto plazo guiados por la suerte o las encuestas de imagen.

Por Matías Dewey

Publicado en La Nacion – http://www.lanacion.com.ar/1500006-que-poco-se-sabe-sobre-inseguridad

 

Los superpoderes del capitán Menganno

05/02/2013

El asalto ni siquiera había comenzado. Pero la inminente víctima –que con su señora y dos hijos llegó en un Citroën C3 azul a la esquina de Eva Perón y Sarmiento, en Lanús– tuvo una visión anticipada del asunto. Ello le bastó para vaciar desde la cabina el cargador de una Glock calibre 40. Y no sin suerte: los atracadores se dieron a la fuga, la familia quedó ilesa y ningún peatón fue malogrado por el plomo. Un final feliz, del cual él no vaciló en ufanarse por Facebook. Así se supo que se trataba nada menos que del Capitán Menganno, quien, debido a su pulsión por disfrazarse en el barrio de superhéroe, amenizó alguna vez los minutos muertos de ciertos noticieros. Sin embargo, los efectos judiciales de su virulenta irrupción en la vida real –una causa en su contra por tenencia ilegítima del arma– dejaron al desnudo su verdadera identidad. Así se supo que se trataba del ex subinspector de la Policía Federal, Oscar Natalio Lefosse. Un drama de historieta. Un drama digno del mismísimo Clark Kent. De hecho, ese fue el relato que prevaleció al respecto en la prensa, mientras las redes sociales colapsaban con muestras de apoyo al personaje. Es curioso que nadie se pregunte, por ejemplo, si este amigo de los niños osaba realizar sus apariciones fantásticas calzado con aquella misma pistola. Pertenecer a la Liga de la Justicia tiene sus privilegios.
Similares índices de tolerancia social también beneficiaron a otros miembros de dicha cofradía. Tal fue el caso –en marzo de 2012– del locutor Ángel Pedro Etchecopar. Su tragedia pudo ser para cualquier ciudadano. Pero le tocó a él; al famoso “Baby”. Y fue precisamente su celebridad, anudada al sangriento asalto del cual fue víctima, la que hizo de él un símbolo público. La imprecisa masa anónima se puso en su lugar. Y teorizó hasta el cansancio acerca de los beneficios e inconvenientes de desatar en una pequeña habitación un tiroteo entre cinco personas armadas. Una discusión que, en última instancia, podría liquidarse con la siguiente pregunta: ¿Le agradaría a usted sufrir un asalto en compañía del señor Etchecopar?
No obstante, sobre esta temática suele correr un espasmódico río de tinta. En un país en el que la mayoría de homicidios causados por armas de fuego no ocurre en medio de otros delitos, la polémica sobre su utilización con fines defensivos está al rojo vivo. Una polémica en la que intervienen expertos en seguridad, opinadores televisivos y hasta taxistas. Una polémica también apta para sobremesas y funerales. Porque, en sí misma, la autoprotección armada es una fuente inagotable de tragedias, tanto para terceros como para el propio resistente, tal como lo demuestra el 78 % de los homicidios en ocasión de robo durante 2012. Aún así, la cuestión apasiona a los argentinos.
Ese choque de opiniones no es tampoco novedoso. En el remoto invierno de 1990 el asunto ya estuvo en boga, cuando, durante el atardecer del 16 de junio, el ingeniero Horacio Santos persiguió a dos ladrones hasta matarlos a tiros. No era un tiempo signado por una alarmante tasa de delitos, pero en la conciencia colectiva ya aleteaba el buitre de la inseguridad.
A casi 23 años de esos días, el ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, volcó –a raíz del caso Etchecopar– su parecer al respecto: “En un estado de desesperación, el ciudadano usa los recursos que tiene a mano.”   
¿Un Estado de desesperación? O una idea basada en la presunta ausencia del Estado. Y –por consiguiente– en las limitaciones que obstaculizan su derecho monopólico al ejercicio de la legítima violencia. Tal diagnóstico siempre supo ser muy festejado por la llamada mayoría silenciosa. Y también fue un señuelo para arquear el rumbo de alguna política. En resumidas cuentas, un recurso de manual, aplicado con éxito en otras latitudes.
El “Justiciero del Subte de Nueva York” fue en tal sentido un caso testigo.
A diez años del estreno de la película El vengador anónimo –en la cual Charles Bronson interpreta Paul Kersey, quien, alicaído por el crimen de su esposa, empieza a limpiar a tiros las calles de la Gran Manzana–, un individuo que acababa de subir al subte en Manhattan acribilló a cuatro adolescentes de porte sospechoso, ante la atónita mirada de 20 pasajeros. En aquel preciso instante –corría la tarde del 22 de diciembre de 1984–, esa sombra adquirió estatura de mito. Su arresto –ocho días después– le aportaría cara y apellido: se trataba de Bernhard Goetz, un ingeniero delgado, frágil y racista, que había sufrido un robo en 1981.
Su acto extremo mereció excelente acogida en el público. Es que el subte de Nueva York era por aquella época muy peligroso, tierra de nadie, tal como se acostumbra a decir. Lo cierto es que lo de Goetz visibilizó el problema ante los ojos de las autoridades comunales. Estas lo remediaron al poner al frente de su seguridad a un auténtico experto en la materia. Su trabajo fue excelente. No era otro que William Bratton. Ese éxito le depararía un destino de gloria: en 1994 fue convocado por el flamante alcalde Rudolph Giuliani. Ya se sabe que la huella de ambos en la Tierra fue la Tolerancia Cero.
¿Hubiera esta política visto la luz sin la impulsiva intervención de Goetz? Imposible saberlo. Lo cierto es que él, ya en la ancianidad, sigue paladeando las mieles de la fama. Recientemente invitado a un programa de la cadena ABC, Goetz hizo una demostración práctica sobre cómo disparar una pistola escondida en el bolsillo de una campera.
Sus enseñanzas no son en vano.
Etchecopar y el Capitán Menganno son una prueba de ello.

Por Ricardo Ragendorfer

Publicado en Tiempo Argentino – http://tiempo.infonews.com/2013/01/26/editorial-95264-los-superpoderes–del-capitan-menganno.php

¿Cómo pensar la policía desde la academia?

01/02/2013

En la Argentina, la policía se ha consolidado como tema de investigación en las ciencias sociales, desde la antropología hasta la sociología, la historia y la ciencia política. En esta entrevista, una antropóloga y un historiador dialogan sobre la lectura cruzada de dos libros colectivos que reúnen trabajos de esas diversas disciplinas

En la Argentina hay una proliferación de estudios sobre la policía, ¿por qué está sucediendo esto?

Diego Galeano: Eso es bastante cierto, teniendo en cuenta lo producido en los últimos años, a partir de investigaciones históricas y de lo que un poco anticuadamente seguimos llamando “ciencias sociales”. Si hacemos una lectura transversal de estos trabajos de historiadores, sociólogos y antropólogos, hay una primera cuestión que queda clara: la policía es una institución de la modernidad, nace junto a la construcción de un orden que tiene mucho que ver con las ansiedades de la sociedad moderna. Haciendo un análisis histórico de los estudios sobre la policía, vemos que esta afirmación no es para nada obvia. Hay toda una línea que prefiere tomar su etimología (“policía”, como la palabra “política”, viene del griego polis) para argumentar una suerte de existencia que coincide con la de la propia civilización occidental.

No creo exagerar mucho si digo que en el siglo XX, ese siglo corto y bélico, el uso de la fuerza se identificó como una cuestión militar y por eso los estudios sobre las fuerzas armadas fueron mucho más frecuentes. En el siglo XXI estamos asumiendo que ya no es posible entender al Estado, a su existencia concreta, a las formas cotidianas de violencia estatal, si no comprendemos a sus fuerzas de seguridad.

Mariana Sirimarco: Puede ser que exista, actualmente, un interés mayor en el estudio de la institución policial. Pero creo que lo que existe, sobre todo, es un cambio de perspectiva en los análisis. O mejor dicho, investigaciones que se plantean otras preguntas y por ello otros abordajes, que vienen a complementar los enfoques anteriores, que estaban más centrados en cuestiones normativas o jurídicas. En este sentido, creo que lo que se está dando actualmente es una apropiación de los estudios policiales a mano de otras ciencias, más interesadas en desentrañar cuestiones que tienen que ver con la práctica efectiva de la policía y su accionar concreto. Creo que en lo que antes era un ámbito mayormente reservado a juristas, politólogos, policías o hasta periodistas, hay ahora cada vez más espacio para investigaciones de corte empírico y etnográfico.

Y esto se relaciona, con otra cuestión importante, y es que esta metodología de trabajo requiere el contacto directo con la institución policial y los policías, compartiendo tiempo, entrevistas, búsquedas en archivos y experiencias. Esto marca también un rasgo distintivo de los actuales estudios policiales, porque apropiarse de esta temática implica sobre todo apropiarse de la posibilidad de indagación. El análisis de la policía parece estar dejando de ser esa “rareza” un tanto oscura y retorcida que se nos ocurría a algunos; fue por largo tiempo y para ciertos sectores, un objeto opaco, desconocido o peligroso que era mejor dejar a la distancia. Tal vez esto contribuyó a que asuntos ligados a la policía, la seguridad o la defensa fueran convirtiéndose en campos de análisis monopolizados por algunos e impensables para otros. Que esto se esté revirtiendo me parece importante, pues significa que para ciertos sectores políticos la policía se ha convertido en un objeto de investigación no sólo válido, sino también, políticamente necesario. Creo que mucho de este posicionamiento se refleja en los artículos que aparecen en las compilaciones.

Ambos hablan de la dimensión política que adquieren los estudios policiales. ¿Cuáles son los aportes que estas investigaciones académicas le pueden brindar al debate sobre la actualidad policial?

-Mariana Sirimarco: Este punto trae a colación la remanida pregunta por el rol del cientista en el plano de la actuación social y política. Puede decirse mucho de la policía desde el ámbito académico, y lo que puede decirse puede tener un impacto concreto a nivel de gestión y aplicación. En primer lugar, porque la investigación científica produce y ahonda el conocimiento que se tiene sobre la policía, profundizando acerca de su praxis, su funcionamiento, su lógica, sus modos de sociabilidad. Obviamente este conocimiento es aplicable a una infinidad de modalidades de gestión: consultorías, formulación de leyes, decretos, normativas, reglamentaciones, planes de enseñanza, etc.

Pero en segundo lugar, el conocimiento científico es capaz de plantear nuevas preguntas y nuevas problemáticas. Pienso sobre todo en la relevancia actual de la temática policial y en cómo a veces el debate social queda restringido a escasos argumentos o monopolizado por ciertos discursos. Es interesante constatar cómo se conforma, por ejemplo, la agenda pública: qué ejes de discusión se privilegian, qué tipo de problematizaciones se construyen. No hace falta abrir los diarios para saber que la cuestión de la “seguridad” se ha transformado en el solo argumento que guía el debate público. Creo que la concentración de la atención en este solo foco, construido y argumentado tal como lo está, no hace sino bloquear la posibilidad de interrogaciones y reflexiones más profundas y más fundantes del ejercicio de la función policial. Es en este sentido que la investigación científica se encuentra en una posición privilegiada para sumar, a la agenda pública, nuevos argumentos y líneas de discusión.

Diego Galeano: Hay algo de lo anterior que me parece esencial. Estos nuevos estudios muestran voluntad de innovación metodológica, al pasar de interrogantes un poco abstractos (qué es la policía, cómo es la relación con el Estado), a preguntas sobre los y las policías en tanto actores sociales concretos: qué hacen, cómo lo hacen, qué piensan sobre lo que hacen. Creo que estas nuevas preguntas también se desprenden de un cambio en las condiciones en las que desarrollamos nuestros trabajos de investigación. Me refiero a que en los últimos años, desde que se iniciaron diferentes procesos de reforma policial, se abrió la posibilidad de hacer trabajos de etnografía en escuelas de policía o en comisarías, y en menor medida se abrieron los archivos policiales, aunque todavía esperamos una apertura mayor. Muchos siguen siendo inaccesibles. Los investigadores pasamos por una experiencia parecida a la que atravesaron los juristas y cientistas sociales que participaron (y todavía participan) de esas reformas: para todos nosotros los policías dejaron de ser una realidad de papel, un personaje de novela negra y de series de televisión o en el mejor de los casos, tal vez, algún vecino. Indefectiblemente, comenzamos a interactuar con ellos. Creo que ninguno de nosotros pueden decir que esa experiencia no lo afectó.

Si hablo por la disciplina en la que yo trabajé hasta ahora, la historia social y cultural de la policía, creo que son muchos los ejemplos que podría dar acerca de cómo la historiografía contribuye a plantear preguntas, quizás incómodas, pero que ayudan a desencadenar debates políticamente relevantes. Por ejemplo, en los dos libros que compilamos aparece como autor Osvaldo Barreneche, que está trabajando sobre la historia de la policía bonaerense. Hace poco escribió sobre una huelga policial bastante estruendosa, en 1973, que enfrentó a los agentes bonaerenses con los militares, a los cañonazos, en la ciudad de La Plata. Hubo muertos inclusive. Uno lee eso y se disparan toda una serie de preguntas: ¿pero cómo?, ¿los policías pueden protestar?, ¿pueden agruparse en un sindicato?, ¿son trabajadores?, ¿y qué pasa con la seguridad si se les ocurre levantarse suspendiendo sus actividades? Hace poco se reactivaron estos temores, por la protesta de gendarmes y prefectos en Buenos Aires, algo que había sucedido antes en Tucumán y en algunas policías brasileras. Y esos temores producen reacciones espasmódicas que tienen a clausurar los debates con fórmulas que ya todos conocen y muchos aceptan. Creo que las investigaciones académicas pueden, y deben, producir saberes que apunten a debates menos convulsivos y con una mirada de largo plazo.

Los dos han compilado libros sobre la policía desde distintas disciplinas. ¿Qué le aportan estas compilaciones al debate sobre la policía?

-Diego Galeano: En el caso de Mirada (de) uniforme, la propuesta está un poco implícita en la doble lectura que sugiere el título. La idea de ofrecer una “mirada de uniforme” se refiere a la apuesta por estudios sobre la policía que incorporen el punto de vista del actor, la visión que los propios policías tienen acerca de la institución a la que pertenecen y el habitus socialmente construido que hace posible sus prácticas. Pero además se trata de avanzar hacia una crítica de cualquier tipo de “mirada uniforme”, es decir la mirada que nos lleva a pensar a la policía como una masa humana uniformizada, regida por una suerte de racionalidad única, según la cual todos los agentes piensan y desean exactamente lo mismo. Creo que los trabajos más recientes, escritos por historiadores, sociólogos y antropólogos, tienen a deconstruir esa idea. Tienden a mostrar que aquello que se presumía una “fuerza” compacta, la fuerza de las oscuras filas del orden, es más bien un “campo de fuerzas”, un espacio social atravesado por tensiones y conflictos internos.

Es verdad que las jerarquías policiales son las primeras que intentan ocultar esos conflictos, ya sea a través de la narración de una historia institucional a cara lavada, casi conmemorativa, o también mediante la reproducción de una serie de dispositivos que han demostrado ser bastante exitosos, como la idea de pertenencia a una “familia policial” o el culto a los “caídos en cumplimiento del deber”. En ese sentido, los aportes de estos libros intentan discutir con la historiografía institucional y las visiones más ortodoxas difundidas desde las policías de diferentes países. Los autores muestran una infinidad de fisuras internas y disputas que enfrentan a las cúpulas con los subalternos, al nivel de la jefatura con las comisarías, a policías de escritorio con policías de calle y a éstos con los agentes más especializados que se dedican a lo que suele denominarse “policía técnica”. Creo que son esas fisuras que se abren a través de los conflictos las que buscan indagar los nuevos estudios sobre la policía, sin intención de suturarlas, ni de echar sal en las heridas. Se trata más bien de quitar el velo de opacidad que hacía de la policía un objeto casi vedado para la investigación científica, estudiarla seriamente y producir conocimiento. Esto recién comienza, hay muchísimas tesis en curso, y estos libros reflejan tan solo una parte de lo que se está produciendo.

-Mariana Sirimarco: La propuesta de Estudiar la policía se enmarca en esto mismo: la necesidad de abogar por que la policía no sólo deje de ser un campo resistido de indagación, sino por que deje de ser, también, un objeto abordado desde la distancia. Es por esto que la compilación presenta un eje fuertemente epistemológico: reúne trabajos que abogan por el contacto con la institución como metodología de investigación y que reflexionan sobre las herramientas mismas de investigación y de producción de datos. Una de las apuestas principales del libro es justamente la de mostrar que es efectivamente posible, y cómo lo es, un análisis de la policía a partir de una aproximación metodológica que implique el diálogo con sus miembros, sus prácticas o sus documentos. Insistir en este punto y en la riqueza de esta modalidad de indagación me parece fundamental si queremos construir análisis que vayan más allá de un conocimiento distante o receloso de la agencia policial.

La otra apuesta del libro tiene que ver con intentar una reflexión sobre el propio trabajo de investigación. Por supuesto, no se trata de caer en la sola descripción de las características que adquiere un estudio en el ámbito policial, con sus contactos, sus relacionamientos, sus limitaciones, sino de interrogarse por la vinculación de éstas con el cuerpo teórico que guía el análisis. ¿Qué pasa cuando esos datos que solemos dejar fuera de nuestros escritos se integran al análisis? ¿Qué revelan sobre las particularidades de la institución policial? Y sobre todo, ¿qué revelan acerca del modo en que construimos el área policial como un campo de análisis? Creo que esta reflexión es necesaria, en principio para seguir produciendo conocimiento en torno a la policía, pero sobre todo para ser conscientes del modo en que lo producimos. En un área en que las investigaciones empíricas y etnográficas vienen cobrando cada vez más importancia, entonces esta preocupación epistemológica me parece obligada.

Referencias:

Mariana Sirimarco (comp.). Estudiar la policía. La mirada de las ciencias sociales sobre la institución policial. Buenos Aires: Teseo, 2010.

Diego Galeano y Gregorio Kaminsky (comps). Mirada (de) uniforme. Historia y crítica de la razón policial (Teseo, 2011).

Extracto de la nota publicada en Cosecha Roja – Red de Periodistas Judiciales de Latinoamérica – http://cosecharoja.org/como-pensar-la-policia-desde-la-academia/

Santa Fe tiene una policía corrupta, ineficiente y violenta

29/01/2013

Quien fuera durante más de dos años secretario de Seguridad Comunitaria de Hermes Binner, el criminólogo Enrique Font cuestionó la incapacidad del gobierno de Antonio Bonfatti para controlar o reformar a la policía provincial, fuerza que describió como “extremadamente complicada por los niveles de corrupción, violencia e ineficiencia”. El ex funcionario consideró “limitado” el plan de seguridad que lleva adelante la provincia y criticó que se hayan abandonado los planes de prevención social del delito: “Estos no es Río de Janeiro. No precisan invadir una favela, necesitan incluir a los jóvenes que están en una situación de exclusión muy dura”, señaló. 

Investigador y profesor de Criminología y Control Social en la Facultad de Derecho de Rosario, Font es una voz autorizada para hablar del fenómeno que estalló en los últimos meses en esa ciudad: en lo que va del año hubo 19 homicidios y el jueves pasado miles de personas se manifestaron frente a la sede del gobierno para reclamar por mayor seguridad en los barrios.

“Confluyen varios factores para que esto ocurra pero el primer tema, con puntos en común con otras provincias, es la policía. Es más comparable en términos de corrupción, ineficacia y violencia a la Bonaerense. Santa Fe tiene una policía grande y extremadamente complicada”, señaló el especialista, quien también puso el foco en las deficiencias del Poder Judicial provincia y la Justicia Federal.

“La policía es uno de los problemas históricos que el gobierno no termina de encarar. Tiene dos facetas: por un lado, no hay un control civil de la policía con producción de información. La provincia no tiene una producción de información ni sobre el delito ni sobre la policía y eso limita la posibilidad del control civil sobre la institución porque la información viene de la misma fuerza.  Además, la provincia no tiene ni ha generado una estructura de gestión que le permita controlar y dirigir a la policía, y por último, no encara una reforma profunda de la fuerza”, analizó Font.

–¿Por qué no se ha realizado esa reforma de la policía provincial?

–La policía no fue objeto de reforma intensa de ninguno de los sucesivos gobiernos desde la vuelta de la democracia. Mendoza y Buenos Aires la tuvieron, pero Santa Fe no. Lo que sí hubo en la primera gestión de (Jorge) Obeid y luego en los primeros dos años de Binner fueron intentos de conducción y reformas puntuales. En Santa Fe, la policía es extremadamente complicada por los niveles de corrupción, violencia e ineficiencia. 

En Argentina nunca se dan de manera planificada estas reformas sino respondiendo a un fenómeno crítico. En una coyuntura determinada se genera la necesidad de una reforma y, luego del efecto  político, las reformas no se profundizan o se retrotraen. Santa Fe no escapa a esa lógica y por eso creo que no ha habido reformas más que puntuales a pesar de que vivió escándalos muy grandes como la represión en 2001 o el caso del ex jefe de la policía (Hugo) Tognoli. Hay que reconocer que, desde Binner en adelante, no sube dinero desde las cajas policiales al gobierno, sin embargo no han afectado las cajas de recaudación: a través de delitos y el uso del presupuesto policial, que siguen vigentes y funcionando.  

–¿Cuándo se consolidó ese autogobierno de la policía?

–El gobierno de Binner comenzó con la creación de un Ministerio de Seguridad que antes dependía de una Subsecretaría que integraban ex militares, policías retirados y ex agentes de inteligencia. Ahí se hicieron avances muy graduales de reforma, pero cuando se va el ministro Daniel Cuenca y llega Álvaro Gaviola (ahora en Lotería de Santa Fé) se produjo un retroceso. Allí se comenzó a concretar la autonomía policial. El avance del Ministerio había generado mucho ruido y faltó la voluntad de avanzar con el control civil. Básicamente se paró todo. Además, se abandonaron las pocas políticas de prevención social del delito en uno de los temas más importantes en Rosario y Santa Fe que es el homicidio entre jóvenes. 

–¿Qué análisis realiza  de los últimos hechos de violencia que se vivieron en Rosario?

–Hubo un indiscutible aumento de la tasa de homicidios, que triplica a la de Córdoba. Rosario pasó de estar en una tasa media y se fue a niveles de puntos críticos del territorio bonaerense. Sería injusto decir que se debe a las políticas del gobierno porque es mucho más complejo. Hay personas con participación estable en el mundo del delito con protección policial y cobertura judicial. Cuando en los años ’90 se instalaron las cocinas de pasta base en Rosario, esto generó dos fenómenos: por un lado se territorializó fuerte en la ciudad la violencia porque ahora la sustancia no llega sólo para el corte sino que se instalan cocinas en los barrios, lo que genera alrededor puntos de ventas, disputa territoriales, control del espacio y posibilidad económica de tener una estructura periférica de ‘soldaditos’. Esto le dificulta a la policía los negocios. Por otro lado, la policía participa del negocio pero no puede controlarlo porque la provisión de la materia prima está muy extendida. Antes los puntos de distribución eran menos y más fáciles de regular por la policía. Esto se combina con que hay más sustancias disponibles y más demanda, porque hubo un crecimiento del mercado. 

–¿Cómo es la situación de los jóvenes en ese contexto?

– Hay una construcción que libera las responsabilidades políticas y asigna los homicidios sólo al tema del narcotráfico. Algunos están vinculados, pero hay homicidios que están más vinculados a mecanismos de construcción de identidad, donde buscan el reconocimiento con el uso de la violencia, y también vinculado a situaciones de exclusión social. En los barrios, hay una coexistencia de esta situación con el Estado y con los movimientos sociales. No hay espacios donde no haya algún nivel de control estatal. Por eso es que soy exigente con la política de seguridad del gobierno, porque esto no es Río de Janeiro. No necesitás invadir una favela, necesitan construir una política que incluya a los jóvenes que están en una situación de exclusión muy dura donde el delito es una salida pero no es lo único que hacen. Muchas veces se rescatan a través de los movimientos sociales. Y por otro lado se debe transformar una policía que está más gerenciando el delito que otra cosa.

 Por Gerardo Aranguren

Publicado en Tiempo Argentino – http://tiempo.infonews.com/2013/01/28/argentina-95409-santa-fe-tiene-una-policia-corrupta-ineficiente-y-violenta.php 

Los fallos judiciales responden a la ideología del magistrado que los dicta

25/01/2013

El juez Carlos Rozanski admitió que el encuentro de magistrados y juristas convocado para febrero “era impensado” una década atrás y sostuvo que los fallos judiciales responden a la ideología del magistrado que los dicta. “Es una gran mentira creer que los jueces tenemos una asepsia quirúrgica, que la sala de audiencias es un quirófano. Hoy, esto ya es insostenible”, sostuvo en un diálogo con radio Continental.
En ese sentido, el presidente del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata explicó que “cada uno de nosotros tenemos una historia, una vida, una infancia y una educación. Todo eso nos va formando ideológicamente y es lo que va a determinar que veamos las cosas de una u otra manera”, afirmó.
Rozanski, uno de los firmantes de la solicitada “Por Una Justicia Legítima”, que luego convocaron al Encuentro Nacional de la Magistratura que se realizará los días 27 y 28 de febrero en la Biblioteca Nacional, consideró que la reunión “permitirá discutir un modelo de justicia y, en consecuencia, un modelo de país”.
“El rol de los jueces en una sociedad democrática es enorme y su decisión siempre proviene de la ideología del (magistrado) que está decidiendo”, afirmó.
El camarista opinó que “no está mal tener una ideología” aunque advirtió que “lo que está mal es que esa ideología no coincida con el bien común”.
“Cuando se pretende que no existe ideología en los jueces al decidir, lo que se está haciendo es intentar mantener una asepsia falsa” con enunciados como el de que “los jueces hablan por sus sentencias”, aseveró.
Rozanski calificó la convocatoria a la reunión en la Biblioteca Nacional como “algo bastante espontáneo y sorprendente” porque “es la primera vez que se provoca una brecha dentro de una estructura históricamente impenetrable”.
Tras recordar que el rol de la Justicia “desde lo teórico es estar al lado de la comunidad, defender los intereses de la comunidad” dijo que en la práctica “eso no es así” y reafirmó la necesidad de debatirlo.
En sustento de ello, se remontó a lo ocurrido con el Poder Judicial en épocas de dictadura o del terrorismo de Estado, cuando “lo que aflora es lo peor de una parte importante de la Justicia y por eso hubo tanta complicidad de una parte de la Justicia”.
El juez recordó que según el Código de Procedimientos de la Nación, el sistema de evaluación de la prueba es la sana crítica racional, “es decir que los jueces argentinos somos sanos, críticos y racionales por ley”, dijo, y consideró que, ante ello, “abrir un espacio para discutir el modelo de justicia que queremos, merecemos y debemos tener en el país, es algo que hace diez años era impensable”.
Rozanski admitió no poder anticipar cuál será la esencia del encuentro, aunque consideró que si posibilita “discutir un modelo de justicia, cuál es el nivel de compromiso de los jueces con la democracia, si los jueces tienen que estar con la comunidad, si tiene que estar arriba de un estrado o abajo, vamos para adelante”.

Publicado en Diagonales – http://diagonales.infonews.com/nota-193057-Los-fallos-judiciales-responden-a-la-ideologia-del-juez-que-los-dicta.html