Jóvenes en las cárceles

Desde mediados de los 90, una parte de la opinión pública argentina exige “tolerancia cero” y “mano dura” con los delincuentes.

Y más recientemente, reclama la baja en la edad de punibilidad en el proceso penal de lo que llama pibes chorros, sinécdoque que estigmatiza y margina a los adolescentes que trasgreden la ley, un nuevo trastorno que se suma al debate sobre la inseguridad. Los medios de comunicación informan permanentemente “en vivo y en directo” sobre robos, secuestros, toma de rehenes por jóvenes que delinquen, quienes son vistos como perversos, productos de las fallas estructurales en la familia y la educación, de la adicción a las drogas o al consumismo desenfrenado. Tanto la óptica conservadora como humanista, tratan de desvincularlos de la pobreza, la primera para negarle sus causas sociales y la segunda a fin de evitar la represión indiscriminada en los barrios populares, del gatillo fácil que ha costado más de 1.900 víctimas en democracia.

“Para hablar de la delincuencia juvenil es preciso esclarecer la sensación de inseguridad en la población. Esta responde a ciertos factores objetivos, a la forma en que reverberan en la opinión pública a través de los medios y del accionar de distintos líderes políticos”, explica el sociólogo y antropólogo Daniel Míguez, que en los últimos diez años indagó en juzgados de menores, institutos de rehabilitación, cárceles, bailantas, santuarios de jóvenes muertos por policías, familias y barrios pobres para escribir Los pibes chorros y Delito y cultura. Los códigos de la ilegalidad en la juventud marginal urbana, entre otros ensayos.

Míguez explica: “Las estadísticas muestran que el incremento de la actividad delictiva se inició en la década de los 80 sin que la sociedad lo percibiera, dado que era muy pequeño.

En términos absolutos, la expansión mayor del delito se dio en los 90, y a partir del 2001 se perciben crecimientos y reflujos. Los datos indican, además, que el incremento del delito no es homogéneo, porque se da mayoritariamente en Buenos Aires, Cuyo –especialmente en Mendoza y con excepción de San Luis– y en Neuquén, y recae sobre la propiedad que es lo que la opinión pública más teme”.

“Si bien existe un sustrato objetivo, es la repercusión de esa expansión del delito la que hace que todos tengamos el mismo nivel de temor. Frente a un hecho delictivo muy llamativo, por efecto de los medios surge una suerte de psicosis colectiva: percibimos que algo nos va a suceder en cualquier momento, que estamos en una sociedad normalmente insegura.

Pero lo real es que en los últimos siete años no hay una dinámica de expansión muy sostenida”, señala.

El huevo de la serpiente

“Pibe chorros no se nace, se hace. La delincuencia juvenil encierra un proceso muy complejo, una conjunción de factores como la pobreza, la falta de equidad, el desempleo y, especialmente, la falta de expectativas.

Comienza a gestarse en los años 80, cuando el mercado de trabajo formal deja de acompañar la dinámica del crecimiento demográfico y los jóvenes con bajos niveles de calificación sólo consiguen insertarse en el empleo informal. En la década siguiente, Argentina deja de ser uno de los países con mejor distribución de la riqueza para ubicarse entre los que evidencian mayores diferencias económicas. El poder adquisitivo del salario cae un 40 por ciento, y por períodos prolongados más de la mitad de la población está por debajo de los índices de pobreza”, explica Míguez, profesor de las universidades nacionales de General San Martín (UNSAM) y de Buenos Aires (UBA).

“Paradójicamente, en los 90, cierta innovación del bagaje productivo en Argentina hace que ganen competitividad algunos sectores de la industria.

Surgen fuentes de trabajo altamente inestables que producen un aumento del desempleo –cuyos picos oscilan entre el 17 al 20 por ciento–, porque para equilibrar la irregularidad de los ingresos del jefe de familia, el resto de sus integrantes sale a buscar trabajo. Los jóvenes llegan a la paternidad sin haber logrado una trayectoria laboral que conduzca a algún tipo de progreso económico. Y sus hijos no pueden reconocer en sus padres el modelo de dignidad personal y progreso social que conocieron sus abuelos. La máxima peronista ‘del trabajo a casa y de casa al trabajo’, que había definido el estilo de vida de amplios sectores populares, se vuelve inviable porque hay pocos empleos a los que concurrir y porque ‘la casa’ cada vez existe menos como contención afectiva. Además, la falta de empleo significa la ausencia de pertenencia, la muerte social. Y como en su mayoría las familias de sectores de bajos ingresos adhieren culturalmente al modelo patriarcal, la pérdida de la figura del varón como protector ocasiona frecuentes crisis en su estructura. Surgen entonces las familias monoparentales, encabezadas por madres solas o se disuelven los vínculos que operan como primer factor de integración social para las nuevas generaciones. En tanto, se instala en el país un mayor consumismo y entre los jóvenes especialmente, como una forma de posicionarse en relación a la sociedad. Es durante el transcurrir de este proceso de desequilibrio cuando surgen los pibes chorros. La imposibilidad de insertarse en el mercado de trabajo, la falta de expectativas hace que los jóvenes tengan cierta tendencia a incurrir en la ilegalidad o a alternar entre la ilegalidad y el empleo legal”, indica.

El cuerpo del delito

Míguez subraya que el temor hacia los ‘pibes chorros’ es “infundado porque en la relación causal entre pobreza y delito los chicos indigentes con causas penales apenas son 6 de cada cien adultos. Aun suponiendo que exista subrepresentación del fenómeno, seguiría siendo un grupo muy minoritario. Sucede que la delincuencia en niños tiene una enorme repercusión social porque en nuestra cultura representan la pureza, la inocencia. Un chico armado es algo que trasgrede toda nuestra idea de la infancia”.

“La sociedad teme a un cierto tipo de delito que, paradigmáticamente, roba a mano armada, cuando los delitos de guante blanco –como la corrupción de un funcionario– son igualmente nocivos y a veces mucho más masivos y dramáticos. En las estadísticas, el robo a mano armada oscila entre el 8 o 9 por ciento anual, cifra relativamente pequeña comparada con las Brasil,

Colombia, incluso de Estados Unidos, país al que se toma como ejemplo de seguridad”.

Míguez advierte sobre la creencia social de relacionar el delito y la violencia que se despliega a través de los medios: “Pero es difícil saber si efectivamente esas películas y juegos hacen a los jóvenes más violentos. Lo que sí está claro es que hay modos o estilos que se transmiten a través de los medios.

Los chicos de Fuerte Apache imitan las modas de los guetos de Nueva York. Si esa imitación implica o causa violencia, lo desconozco, como sucede con las drogas. Puede ser que la droga sea un catalizador, pero no es la causa. Puede ser que los chicos vean un arma e imiten eso, pero primero tiene que haber algo para que eso sea imitable. No cualquiera sale con un arma a la calle porque lo vio en la tele”.

Valores perdidos

Míguez afirma que es exagerada la idea generalizada de que las redes de sociabilidad convencionales se han disuelto: “Los datos estadísticos recogidos en las villas indican que para la mayoría de los habitantes el trabajo, la familia y la educación siguen siendo valores importantísimos, por lo menos a nivel de idealización. La excepción es una minoría que ni siquiera ha dejado de creer en ellos, aunque los perciba como difíciles de concretar. Y también esos valores están presentes en los institutos de menores. Pero se nota una enorme ambigüedad entre el desearlos y la imposibilidad de plasmarlos, algo que no sólo tiene que ver con las condiciones materiales, sino con estructuras de hábitos y actitudes que permiten conformar una familia, sostener un trabajo o dentro del proceso educativo”.

Y agrega: “Cuando uno mira cómo es el delito en sociedades como la de Suecia o Canadá, se da cuenta que las condiciones institucionales y estructurales de la sociedad tienen una enorme incidencia. Si bien no lo explican todo, las relaciones estructurales explican una enorme proporción del delito. Y las correlaciones estadísticas permiten ver que el vínculo entre desempleo y delito es muy fuerte. Se podría decir que milagrosamente aquí es una minoría de los afectados por la pauperización la que reacciona transgrediendo la norma. Por eso, las políticas del gobierno contra el desempleo son importantes para combatir el delito, pero las políticas específicas del sector seguridad que tanto reclama la opinión pública sólo pueden tener un efecto relativo”.

La necesidad de políticas que ataquen las causas y no las consecuencias del delito es una prioridad, “porque no sabemos cómo se lo restituye socialmente a un chico que pasó por una situación de extrema marginalidad y desamparo”. “La psicología y la sociología tienen aproximaciones, ideas generales, pero ninguna respuesta taxativa acerca de cómo y qué tipo de instituciones resuelve esto de una manera solvente, para reintegrar ya no a un 3 por ciento sino a un 80 por ciento. He seguido miles de programas distintos de todas partes del mundo que se consideran muy exitosos si logran una reintegración del 20 ó el 30 por ciento. Aquí se acusa al Estado de ineficiencia, pero es pedirle a un sistema de agencias que haga algo que nadie sabe cómo hacerlo”.

Por Victoria Azurduy

Publicado en Revista Nómada –  http://www.nomada.unsam.edu.ar/?attachment_id=578

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