Prevención de la violencia juvenil: del control a la construcción ciudadana

Hace unos años le preguntaron a un jefe de policía mendocino: ¿cómo es un sospechoso? No dudó: joven, con pelo largo, morocho y mal vestido. En los sondeos de temor, vecinos menos informados también imaginan que si alguien los ataca será joven, marginal, sin códigos. Lo curioso es que cuando les preguntamos a los jóvenes que se ajustan al identikit del sospechoso, contestan lo mismo: les temen a otros jóvenes o niños parecidos.

El campo de la seguridad está minado con prejuicios, recetas y consignas tremendistas que insisten en colocar a los niños, niñas y jóvenes como las principales amenazas criminales. Los más arrojados juran que ya no tienen remedio y que la mejor opción para el resto de la sociedad es mantenerlos encerrados. Cada tanto hay un reflujo punitivo sobre la infancia y la juventud que propone el control bajando la edad de imputabilidad, denunciando el consumo de sustancias ilícitas y la incapacidad de las instituciones para contenerlos.

El discurso del temor alienta las medidas de control que predominan a la hora de abordar la adolescencia y la juventud. Tienen un peso relativo en el delito. Los niños, niñas y jóvenes (hasta los 34 años) son víctimas de más de la mitad de los homicidios dolosos. Por cada 6 víctimas varones hay una mujer. Niños y jóvenes son imputados en algo más de 6 de cada 10 homicidios dolosos registrados. La proporción según género: entre 13 y 15 imputados hombres por cada mujer.

Los delitos contra la propiedad representan el 70% de la estadística criminal; más de la mitad de los imputados son niños, niñas y jóvenes: el 24% tiene menos de 18 años; el 26%, entre 18 y 25 años, y la otra mitad, más de 25 años. En este tipo de delitos los hombres imputados son el 95 por ciento.

Al mismo tiempo hay un énfasis en el encierro ya sea por estar asociados a delitos o bien bajo el argumento de la tutela: proteger para que no se pongan en riesgo ellos mismos y a la sociedad por su condición de vulnerabilidad (especialmente económica).

Podemos estimar que la Argentina tiene entre 28 y 30 mil niños, niñas y jóvenes encerrados por causas penales. La cifra trepa a los 50 mil si consideramos otras formas de privación de la libertad en regímenes abiertos o semiabiertos.

En el año 2006 había 19.579 niños, niñas y adolescentes (hasta 21 años de edad) privados de su libertad en la Argentina, según UNICEF. incluyendo regímenes de encierro penal y no penal como hogares, institutos e instituciones penitenciarias. De ellos, 2.377 con una causa penal (2.165 eran varones).

En el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), podemos buscar información sobre los establecimientos penitenciarios: los niños, niñas y jóvenes representan cerca del 70% de la población carcelaria de la Argentina.

Según los datos de UNICEF del 2006, el 87,1% de la población de niños, niñas y adolescentes (hasta 21 años) privados de la libertad, están por una medida judicial, administrativa, relacionada con una causa no penal (medida de tipo asistencial o de protección), en su mayoría asociadas con “causas sociales”. Entre los institucionalizados por causas penales predominan los varones y entre las causas sociales, las mujeres. Este tipo de trato criminal de la pobreza en algunas provincias trepa al 90% de los casos.

La mayor parte está en regímenes semiabiertos (45,9% en la Argentina), pero en las provincias y ciudades más desiguales se invierte la lógica. En Corrientes, Jujuy, Misiones, Río Negro, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán hay más niños, niñas y jóvenes en regímenes cerrados que en institutos u hogares semiabiertos.

El propio abordaje de la juventud es parte del problema. Domina el paradigma que considera a los conflictos un problema a sofocar. Los conflictos vistos como el obstáculo al añorado equilibrio social. Esta perspectiva condiciona las políticas públicas en general y especialmente las de seguridad.

Rebeldes con causas

La juventud ha sido vista como problema porque es intrínsecamente conflictiva: se define en oposición a lo viejo desde que emerge en el siglo XVIII. Disputa su lugar, su cuota de libertad, el reconocimiento y el respeto (palabras frecuentes en grupos y también en las culturas urbanas juveniles). Una disputa por el poder en una sociedad ordenada y controlada desde lo adulto. Estos conflictos dependerán de las condiciones sociales y económicas, por lo tanto es correcto decir que no existe una juventud, sino muchas juventudes.

Si vamos a hablar de violencia juvenil, ¿cómo entendemos lo joven?

Las miradas predominantes sobre infancia y juventudes las consideran instancias de vida incompletas (inmaduros, incompletos y por lo tanto aún incapaces), etapa de crisis y de riesgo donde su propia situación evolutiva los lleva a ponerse en peligro. Entonces, si no son personas plenas, los conflictos que proponen son vistos como amenazas al desarrollo armónico personal y social.

La respuesta prioritaria, como vimos: control a través de políticas sociales y de políticas de orden público.

Si los conflictos no se gestionan atendiendo a las partes involucradas pueden derivar en violencia. Un acto violento es delito cuando hay una ley que lo considera delito y una voluntad de aplicar esa ley. Hay comportamientos violentos que no son considerados delitos y también hay delitos según el Código Penal que no son pasados por alto. Es decir que para que la delincuencia juvenil exista es porque no hay una gestión de conflictos, emergen, se penalizan y persiguen enfáticamente comportamientos para controlar a ese grupo. En otras palabras: han predominado las políticas de control de las juventudes que al negarles atención facilitan expresiones violentas.

Todo esto en un ámbito social de fuerte tensión entre la inclusión social que alienta el mercado, las expectativas que construye y la imposibilidad de satisfacerlas a través de la educación y el trabajo formal. La transgresión a las normas aparece como una alternativa innovadora.

La inserción en mercados ilícitos de robados o microtráfico, por ejemplo, es una oportunidad para satisfacer esas demandas para miles de niños y jóvenes que saben que nunca lo conseguirán estudiando o con un trabajo al que pueden acceder.

¿Qué querés ser? “Empresario o narco”, contestaba un grupo de niños mexicanos hace semanas en un taller de prevención del delito.

Niños, niñas y jóvenes no son capos en ninguna estructura criminal, sin embargo aparecen proporcionalmente más criminalizados. El crimen organizado los tiene en un lugar subalterno y sobre esos grupos parece concentrarse la persecución penal. Son la mano de obra barata, sometida frecuentemente a situaciones de mayor riesgo y con un ejército de recambio detrás. Se insertan en los mercados ilícitos levantando autos para el desguace o la reventa, como punteros en el microtráfico, asaltando para luego cambiar por plata celulares, relojes, estéreos, electrodomésticos. Pero el mercado de los autos robados, el del tráfico de drogas, el de los metales, el de la trata de personas que los utiliza, está manejado por adultos con protección estatal y una pata empresaria.

En la Argentina no es muy diferente. Como en otras partes, los grupos aportan posibilidades de incluirse en una identidad colectiva que aporta protección, reconocimiento y respeto. Las patotas o banditas son un clásico de los barrios. Pero en la medida que el mercado de lo ilícito genera inclusión, ingresos y pertenencia con menos requisitos y más agilidad que la economía formal, los grupos son más vulnerables ante las estructuras criminales.

Son un paisaje frecuente en villas argentinas, pero también en toda Latinoamérica, los grupos de jóvenes reclutados y algunos ingresan con distintas responsabilidades en las organizaciones.

Hay un debate no agotado: la persecución penal puede generar reacciones que fortalecen a los grupos o bien los jóvenes se mantienen a la deriva.

Cualquiera sea la respuesta, está claro que la mirada tradicional centrada en el control no resuelve conflictos ni logra reducir la violencia.

Actores protagónicos

Pero hay una tercera perspectiva: entender a la infancia y juventud como actores sociales relevantes, capaces de la transformación de sus propias realidades.

Esto implica reconocerlos como sujetos plenos de derechos y sentarlos a la mesa de las discusiones. Gestionar los conflictos que proponen como grupo social y gestionarlos para evitar situaciones de violencia. Esto sólo es posible con la participación efectiva en el diseño e implementación de las políticas públicas, de modelos ejemplares, en ámbitos de conciliación y también en el ámbito judicial.

La última instancia es intervenir desde la política criminal.

Incluso dentro de las estrategias de prevención de la violencia con niños, niñas y jóvenes predominan los enfoques orientados a controlar los comportamientos que son considerados desviados o riesgosos. El enfoque epidemiológico es aplicado por la mayoría de los organismos internacionales y trata de evitar que se propague la “enfermedad” de la violencia abordando los factores de riesgo. Es posible encontrar cientos de proyectos y programas concebidos para reforzar el control informal y formal en el ámbito familiar (escuelas para padres, fortalecimiento y disminución de la violencia en el hogar), la comunidad (preceptores para jóvenes, oferta de deporte en los barrios, recuperar espacios en manos del microtráfico, entretenimiento “sano”, mejoras urbanísticas) y en el espacio social mejorando la permanencia y rendimiento escolar, atendiendo adicciones, educación sexual, reducción de la pobreza. La lista es tan extensa como causas de la violencia se atribuyan a entornos familiares, comunitarios y sociales no adecuados para que se desarrollen niños, niñas y jóvenes funcionales.

Es evidente que detrás de las distintas expresiones de violencia hay una historia de conflictos no atendidos. La violencia directa sólo puede existir si hay una violencia estructural que limita las posibilidades y una violencia cultural que consiente o aprueba que se limite a ciertos grupos sociales (en nuestro caso, especialmente, jóvenes, varones, de sectores populares y morochos, como bien explicaba aquel policía mendocino). En la violencia familiar, por ejemplo, es posible rastrear crisis en los modelos y roles parentales, intentos por reafirmar la tradicional autoridad masculina. En los barrios, los conflictos por los espacios comunitarios entre adultos, entre grupos de jóvenes, entre jóvenes y adultos y entre todos con los Estados.

Por eso pongamos más atención a estrategias de prevención de la violencia con un enfoque de derechos, es decir, que consideran a la infancia y juventud como personas plenas: prefieren atender y gestionar los conflictos que proponen en lugar de aplicar correctivos o directamente aplastarlos.

Ante el fenómeno extendido de los grupos de jóvenes que se insertan parcialmente en los mercados ilícitos y participan de subculturas criminales, también hay interesantes experiencias de entenderlos, trabajar sobre los conflictos que procesan en códigos violentos y facilitar su intervención en dimensiones sociales de la violencia.

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) –sede Ecuador– y la alcaldía de Quito crearon el Centro Tecnológico Juvenil en una zona con pandilleros Latin Kings. Mauro Cerbino, el antropólogo a cargo del proyecto, estimuló la participación: los miembros de los grupos fueron verbalizando y relatando su versión de la historia de su organización, la forma en que se vinculaban entre ellos, la relación con las sedes de otros países y su vinculación con el Estado a través del gobierno local e instituciones policiales. Hubo aceptación de las capacidades de los pandilleros e iniciativas de promoción de derechos, donde los referentes se transformaron en voceros e impulsaron demandas que produjeron transformación de algunas políticas públicas. Finalmente, el presidente Correa los distinguió. Nuevamente: participación y reconocimiento.

Una dificultad frecuente a la hora de trabajar con jóvenes o grupos de jóvenes en contextos de violencia es conseguir la participación. La capacidad de expresión y el sentirse respetados es condición para que cualquiera intervenga. Las artes urbanas, especialmente el hip hop, facilitan la expresión para hablar de sus conflictos, perspectivas y problemas.

Jóvenes de la cultura del hip hop de origen popular y con historias atravesadas por la violencia se organizaron en la Cooperativa del Hip Hop para enseñar breakdance, graffiti, rap y derechos humanos a otros jóvenes de zonas violentas. Sucede en Mendoza. En la cultura del hip hop se alienta el conocimiento de su comunidad, de sus circunstancias para entender por qué se vive como se vive. En términos políticos más tradicionales, no es otra cosa que conciencia y compromiso social. La tradición del hip hop rescata esta dimensión social de las luchas por el reconocimiento de derechos de los grupos segregados por cuestiones raciales o culturales. Las técnicas de baile, rima, canto, pintura y composición son instrumentos para volcar los conocimientos.

Pero muchas veces la inserción no puede ser puramente simbólica. Hay privaciones materiales que atender, especialmente si es condición en la estrategia de prevención que se abandonen las prácticas delictivas.

El programa “Comunidades Vulnerables”, que durante años desarrolló la Dirección de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación, otorga un rol protagónico a los jóvenes, promueve su participación en la evaluación e implementación de acciones que mejoren sus condiciones personales para insertarse en el mercado laboral, pero además otorga un subsidio para estimular esa participación. Por otra parte, en Santa Fe, la Secretaría de Seguridad Comunitaria del Ministerio de Seguridad trabajó con jóvenes de bandas capacitándolos y facilitando proyectos de inclusión, como por ejemplo reparar y alquilar bicicletas para paseo en Rosario. La iniciativa se sostuvo con subsidios a los jóvenes involucrados.

Tanto “Comunidades Vulnerables” como el santafesino “Programa de Inclusión Sociocultural de Adolescentes y Jóvenes en Situación de Vulnerabilidad Social” impactaron en reducir la participación en delitos.

Redondeando. Hay una tradicional mirada sobre la infancia y la juventud que la considera como instancia incompleta de desarrollo, niega derechos, subestima capacidades, deja de atender los conflictos que proponen y responde al emergente de violencia con medidas de control preventivo o bien de control directo. Existe también una creciente perspectiva de derechos, compatible con una concepción de infancia y juventud con capacidades, donde los conflictos que proponen deben ser escuchados como oportunidades para que ellos mismos participen en la transformación del ordenamiento social que facilita la violencia.

El gran desafío para una propuesta de seguridad democrática es aceptar y gestionar la conflictividad propia de la adolescencia y la juventud, garantizar su efectiva participación, promover su compromiso y la participación en lo público como forma de construir ciudadanía, al tiempo que minimizamos las medidas de control violentas que imponen un orden social focalizado sobre los grupos históricamente segregados: jóvenes, urbanos, de sectores populares. Justamente los más privados de derechos y los más afectados por la violencia estatal o criminal.

por Martín Appiolaza (Director Centro de Estudios de Seguridad Urbana y Coordinador del Diplomado de Seguridad Democrática de la Universidad Nacional de Cuyo. Miembro del ILSED).

Extracto de la nota publicada en Voces en el Fénix – http://www.vocesenelfenix.com/sites/default/files/numero_pdf/Voces.N.15.baja_.pdf

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