Profundizar la democracia y repensar la seguridad pública

La crisis en materia de seguridad pública representa uno de los desafíos más importantes a enfrentar por las democracias latinoamericanas, en tanto pone en cuestión la validez y legitimación de las instancias estatales como instrumentos de resolución de conflictos y consecuentemente la legitimidad de la institucionalidad democrática. El dramático aumento de la criminalidad y la violencia coincide con pírrico avance hacia la democracia capitalista, que ha cruzado la región durante los últimos 25 años. Y aquí es importante lo que analistas han venido señalando con insistencia: mientras que las democracias más consolidadas se basan en un pacto social orientado a generar bases, tanto para el aumento económico, como para la implantación y sostén de un escenario social de prosperidad, esta articulación ha estado ausente en la mayoría de los países latinoamericanos.

La intervención policial-militar frente al hecho delictivo, sigue ocupando el lugar central de las propuestas gubernamentales. Las variantes se limitan a proponer diferentes métodos en el uso de la fuerza –más o menos intenso- y permanecen en la lógica de gerenciar el poder coercitivo. Por tanto, el pensamiento del Estado clásico se restringe a una sola dimensión del problema, es una visión plana de la realidad. Vista desde un ángulo lógico, en esta simplificación tiene sentido la discusión maniquea entre “mano dura” y “garantismo”, tal suelen plantearla las concepciones conservadoras en el Estado, que defienden la vuelta al Régimen Policial del siglo XIX. Si se piensa la seguridad como la demanda de un orden fáctico, lo único que resta acordar es la intensidad en la que se debe imponer dicho orden.

Por el contrario, en nuestra región las transiciones a la democracia se produjeron junto con un incremento trágico de la pobreza y el desempleo (o el empleo precario) y una profundización de la inequidad social y la marginación. Esto parece una insistencia fastidiosa, pero la realidad actual todavía nos confirma que poco o nada se hace para cambiarla efectivamente.

El mundo discute hoy, más que nunca, sobre el significado de la seguridad y acerca de las políticas que pueden hacer un ámbito con sociedades más seguras, incluyendo los factores que causan inquietud, temor e inseguridad a la gente y a los países.

Considerar las diferentes violencias urbanas como abuso de poder nos permite, quizá, tener una mirada diferente de los protagonistas de la inseguridad urbana, y de las políticas de seguridad en la ciudad. El riesgo que se pone en juego cuando se habla de seguridad, es que se pueda confundir la democracia con sentimientos de peligro, de miedo y de urgencia.

Es necesario, substituir el punto de vista clásico para pensar en la seguridad de los ciudadanos y rechazar la lógica con la cual ha sido comprendida hasta el momento por amplios sectores. Un análisis del problema de la violencia delictiva e institucional desde la óptica de los derechos demanda el reconocimiento de que estas no sólo afectan el derecho de los ciudadanos a la no interferencia, sino que también involucran cuestiones básicas de la convivencia social y de la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Es preciso que los objetivos y las propuestas sean consistentes con esta descripción y no la restrinjan a una mera declaración de principios. (Claudia Laub, Argentina)

El viraje en el enfoque de estas políticas de Estado, debería suponer la construcción de un liderazgo político eficiente sobre la seguridad pública y, muy particularmente, sobre las policías, y, al mismo tiempo, debería conllevar un profundo cambio en las formas tradicionales de funcionamiento y organización del sistema policial, especialmente, en lo referido al desempeño de sus labores preventivas e investigativas, así como estructurar instancias dinámicas de prevención social de la violencia y del delito y de participación comunitaria en asuntos de la seguridad en el marco de un proceso de descentralización del gobierno de la seguridad en el plano local, buscando lograr mayores niveles de eficiencia en el desempeño de la Justicia criminal y en la administración del sistema de ejecución penal (Marcelo Saín: 2008)

Una visión responsable, debe de tomar en consideración el proceso previo al aumento de la violencia en general y el delito en particular, además, de la forma en que cada uno de estos fenómenos afecta a distintos sectores sociales. Como ya hemos insistido, la separación de nuestra sociedad en grupos antagónicos y tremendamente desiguales, producto de una inmensa fractura entre incluidos y excluidos, no logra acabar con el anhelo de una sociedad más igualitaria que desigual.

Esta oportunidad, sumada a la centralidad que se le asigna en la discusión de la seguridad pública, exige puntos de vistas consistentes sobre la dificultad del problema. Es decir, implica comprometerse con la responsabilidad de actuar desde la noción de que las políticas públicas deben perseguir un efecto compensatorio de las desigualdades generadas por el sistema capitalista. No se trata solo de considerar las condiciones de exclusión económica, social y cultural para implementar políticas que “focalizan” la pobreza, fomentando su estigmatización y ocultando en la sombra la mayor parte de la realidad.

Implica además, tomar en cuenta las características de la interacción social y los vínculos entre los ciudadanos y las instituciones. Esta visión exige la intervención rápida y contundente sobre los sectores delictivos más protegidos por su relación con el Estado y otros poderes de facto, que gozan de impunidad y presentan mayores dificultades para llevarlos ante la justicia para que sean sancionados.

Tal pensamiento, nos obligará a trasladar a las propuestas, la complejidad asumida en la descripción de los problemas y en el concepto de ciudadanía efectiva involucrado. Así, será de obligada prioridad, otorgar un lugar central a las políticas sociales, a las políticas institucionales y al desarrollo de acciones en materia de seguridad que no reproduzcan la exclusión y la estigmatización social. Desde este horizonte más amplio quedará claro que la seguridad pública cuyo único destinatario es el ciudadano, es en sí misma una forma de fortalecer sus garantías y no un límite de ellas. Que el respeto a los derechos es una condición de eficacia de estas políticas y no un obstáculo para que alcance su objetivo.

Finalmente, hay que reflexionar que un concepto de seguridad pública acorde con un juicio amplio sobre ciudadanía efectiva, no puede remitirse sólo ni fundamentalmente al derecho a la no interferencia, sino también a garantizar determinadas condiciones básicas para el ejercicio de los derechos individuales y colectivos.

Hoy más que nunca, la seguridad pública se legitima como un derecho cardinal. Los organismos policiales que respetan los derechos y las garantías, consiguen con ello promover los objetivos mismos de la aplicación de la ley y establecer al mismo tiempo una estructura de aplicación de la ley que no se basa en el miedo y en el poder, sino en el honor, la profesionalidad y la legalidad. Estamos hablando de seguridad de las personas y no de la seguridad del Estado, pues el Estado no está por encima de los ciudadanos que lo fundan.

Hasta ahora, la perspectiva dominante nos limita a una estrecha visión institucional que remite al crecimiento del delito y, como respuesta más jueces, más cárceles, más policías, militarización de la seguridad y en el otro extremo, menos derechos. Pero resulta que, este crecimiento del delito en una ciudad, no se calcula de la misma forma que el incremento de la impresión de inseguridad. Generalmente se asocia a los jóvenes y a los comportamientos agresivos. El terrorismo de Estado justificó sus acciones en nombre de la seguridad, y en Latinoamérica fueron los jóvenes sus principales víctimas.

También debemos entender que, como producto de aquella larga historia de dictaduras brutales, el papel que la policía como institución hasta ahora continua representando frente a la sociedad, es una relación signada por el autoritarismo y el abuso de poder, en la medida en que, para la población, la Policía es más un símbolo de represión que un referente de garantía de derechos.

Por lo tanto, no se trata de reavivar viejas presunciones reaccionarias de que inmiscuyendo a las fuerzas militares se zanjará el problema, pues lejos de ello, la violación de derechos y el número de víctimas se incrementará, como se ha demostrado en ocasiones anteriores. Seguridad e inseguridad urbana, no es un problema de “guerra”, pues éstas se comprenden y explican a través del significado y las consecuencias que los procesos de exclusión y segregación social traen aparejados. Este es el punto de partida para la creación de mecanismos y estrategias de superación.

No hay posibilidad de plantear el problema de la seguridad en términos democráticos, si no se reconoce la existencia del conflicto social como parte de la dinámica de los grupos humanos. En función del proceso social, se deber relacionar el problema de la seguridad con la teoría del abuso de poder, y considerar que las demandas de seguridad constituyen llamados al cese de alguna forma de abuso de poder.

Este es el punto de partida de nuestra reflexión hoy, sabemos de lo que estamos hablando cuando enunciamos “Seguridad Pública”. Cuando nos dedicamos a abordar este tema, complejo y complicado a la vez, debemos comprender dos aspectos relevantes: en primer lugar, la Seguridad Pública es responsabilidad de profesionales y no de improvisados.

En segundo lugar, la inseguridad no es solamente un problema de criminalidad. Los instrumentos jurídicos y subsistemas penales, no son los únicos que deben ocuparse del problema. La inseguridad que sienten los ciudadanos en su vida cotidiana es consecuencia, sobre todo, de un abandono social. Los ciudadanos se sienten desamparados por sus instituciones, por el personal policial, por su vecindario, por su familia. La sensación de desabrigo se incrementa por la incertidumbre laboral, las malas condiciones habitacionales, el barrio sin servicios públicos adecuados, las malas condiciones sanitarias, el aumento de enfermedades, de suicidios, de adicciones y la violencia en todas sus formas, ponen de manifiesto este estado de agobio.

El problema de la violencia social, la criminalidad organizada en los altos niveles de decisión nacional y la criminalidad callejera como su efecto inmediato, son problemas complejos que requieren soluciones diferenciadas igualmente complejas, no de soluciones populistas y grandilocuentes. Lo hemos reiterado en anteriores análisis de la problemática.

La seguridad es una construcción social y cultural, por ende, relativa y sujeta a los distintos actores sociales y el progreso de los pueblos. Esta exigencia y condición necesarias, representa hoy un desafío característico en la gestión pública y la responsabilidad de los gobiernos que van por la democracia efectiva y constituye, a la vez, uno de los iconos de la crisis en la sociedad posmoderna, consideración que surge desde la perspectiva sociológica de la sociedad del riesgo, característica del consumismo mercantilista y de un enfoque fundado en la seguridad de los seres humanos.

Entonces, luchar contra la inseguridad es manifestar la voluntad de poner fin a este desamparo de la gente; es pensar que todos los ciudadanos de una misma sociedad, de una misma ciudad, de un mismo país, pueden tener los mismos derechos y deberes, y tener acceso al bien común que representa la seguridad. Es romper de raíz con el modelo neoliberal rampante y construir un modelo social propio, fundado en una nueva noción del progreso humano equitativo.

Por Oscar A. Fernández O. – Publicado en Diario Digital Contrapunto (El Salvador) – http://www.contrapunto.com.sv/columnistas/profundizar-la-democracia-y-repensar-la-seguridad-publica

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