La trata de personas debe ser vista como uno de los delitos más crueles

La trata de personas debe ser vista como uno de los delitos más crueles que se puede cometer sobre una persona. En la Argentina se calcula que lo padecen unas 400.000, entre las cuales se encuentran mujeres jóvenes y hasta menores de edad que por diversas circunstancias terminan integrando redes de prostitución en donde éstas son sometidas en condiciones que rozan la esclavitud.

¿Cuál es el rol de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas, en la investigación de los casos de trata de personas?

El objeto es prestar asistencia a las Fiscalías de todo el país en el trámite de las causas por hechos de secuestro extorsivo y trata de personas. La asistencia es prestada a requerimiento del Fiscal de la causa y bajo sus directivas, tanto durante la instrucción, como en la etapa preparatoria del juicio oral o en el debate propiamente dicho. Los Fiscales a cargo de la Unidad están facultados para ser representantes del Ministerio Público en los juicios orales.

Por otra parte, la UFASE debe coordinar tareas de capacitación y elaborar una base de datos sobre secuestros extorsivos y trata de personas.

Nosotros estamos interviniendo en la cuestión de trata como una Unidad Fiscal. Donde tenemos la obligación de trabajar con todos los Fiscales del país para lograr los mejores cursos de investigación en el tratamiento de este tipo de casos.

Además, asesoramos al Procurador General de la Nación para que dicte recomendaciones, que deben ser cumplidas por los funcionarios del Ministerio Público de la Nación. Estas las elaboramos nosotros y son producto de un análisis, profundo, que realizamos en el marco de la información que se recolecta en los distintos casos en los cuales se tiene intervención.

En el marco de estos procesos de investigación, ¿Qué ocurre con las víctimas, con las mujeres o personas que son encontradas en los prostíbulos?

Es necesario brindarle una buena asistencia a la victima de este tipo de hechos. Se debe, tener en claro, cuáles son las diferentes competencias que tiene cada uno de los actores y sectores que participan en estas causas. Las asistenciales, como temas de vivienda y salud, son competencia del Estado Nacional. En tanto el Ministerio Público Fiscal de la Nación tiene la obligación de informar cuáles son los lugares en los cuáles se puede recibir este tipo de ayuda. Cada uno debe tener en claro en qué lugar trabajar, y conocer en que ámbito se encuentra más capacitado para actuar.

¿Los niveles de asistencia son iguales en todas las zonas de país?

Los niveles de asistencia varían según la zona y van relacionados con la importancia que cada provincia le quiere dar al tema. Es necesario tener un mapa, dado que cuando Fiscal de Santiago del Estero pide ayuda – por ejemplo- nosotros tenemos que estar en condiciones de informarle dónde puede y debe acudir.

El Estado debe mejorar el sistema de asistencia. Hay que solucionar las condiciones de estas mujeres. Se debe impedir que vuelvan a caer en estas redes.

El Norte y el NEA del país son zonas que están caracterizadas como zona de captación de las mujeres, dado que, en estos lugares, tenemos condiciones como pobreza, desnutrición infantil e incluso hasta encontramos comunidades no muy integradas al entramado social. Son terreno fértil dadas las condiciones de vulnerabilidad que se generan.

Entonces el Estado no cumple en su obligación de brindar un nivel más o menos igual o un piso a partir del cual la persona no tenga que optar por trabajar en condiciones esclavas, el mejor ejemplo son los hechos que se dan con respecto al trabajo rural.

Al mismo tiempo existe una batalla cultural que nosotros venimos dando, se tiene la creencia que la gente toma la opción, pero lo que tenemos que ver es que en verdad existe un aprovechador que usa en su favor este tipo de situaciones.

La discusión de cómo ingresan las mujeres a estos sistemas, es algo que tiene importancia en los debates, pero que en verdad no debe ser vista de esta manera. Los estudios, que no son muchos, indican que el 80 o 90% de las mujeres mayores que integran la industria sexual de la Argentina ingresaron en esos ámbitos cuando tenían entre 13 y 14 años. Si uno mira la película completa, entonces, se dará cuenta de que esta mujer no tuvo la posibilidad de elegir otra cosa.

¿En qué condiciones se encuentran las mujeres que son víctimas de la trata de personas?

Las mujeres que están dentro de los prostíbulos, tienen determinadas condiciones, que son cercanas a la esclavitud. Por ejemplo tienen que compartir el 50% de lo que ellas ganan con su cuerpo con quien administra ese lugar, que además tiene una condición de exclusividad sobre la persona y tiene también un dominio sobre la sexualidad, ya que éstas no pueden rechazar a un cliente. Todas estas características las llevan a la esclavitud, más allá que la mujer diga que está por propia voluntad.

Como Estado no se puede concebir que hoy se den este tipo de situaciones. Es básicamente decir consentimos a los esclavos felices de otra época. Por eso no debería perderse el tiempo en ver si la mujer está en ese lugar por propia voluntad. La prostituta deber estar siempre fuera de la persecución penal, se debe ir tras el proxeneta.

¿Cuál es el camino más directo para evitar la propagación de establecimientos dedicados a la prostitución?

Un hecho central es perseguir la cuestión patrimonial, algo descuidado en el proceso penal. El Juez quiere probar su caso penalmente y no existe una práctica forense de investigar el caso patrimonialmente. Esto es vital dado que el Código Penal brinda las herramientas para realizar un embargo preventivo y luego un decomiso, para pegarle a la columna económica de estos emprendimientos ilegales.

Si uno pudiese cuando hace un allanamiento en un prostíbulo afectar a ese bien inmueble a la investigación y luego decomisarlo para que ese dinero tenga como fin un fondo de asistencia a la víctima, se generaría un círculo en donde el proxeneta tendría una causa penal y también estaría afectado en lo económico.

¿Por qué existen muchos problemas de competencia al momento de perseguir este tipo de delitos?

Es un gran problema que tiene la Ley. La trata es un delito federal, pero la Ley de Profilaxis y la corrupción de menores y de mayores, es un delito ordinario. Con lo cual tenemos un problema de competencia que genera dilación en las causas.

En un caso podemos tener tres competencias, si se denuncia un prostíbulo, por ejemplo en la Ciudad. La Ciudad la tendría por la habilitación, la Justicia correccional por violación a la Ley de Profilaxis y podría tenerla la Justicia federal si por ejemplo las personas vendrían de un país limítrofe o del interior. Hay un proyecto tendiente a dejar en la Justicia Federal todo el proceso que me parece es lo que corresponde.

¿Cómo explica qué los prostíbulos sigan funcionando?

Los prostíbulos no pueden funcionar por ley. La batalla siempre es cultural. Por ejemplo nos acaban de informar que existe un proyecto en una Intendencia de Neuquén, para reglamentar los prostíbulos, cuando tenemos una Ley Nacional que los prohíbe. Es algo inconstitucional. Entonces vemos el gran prejuicio cultural y como por muchos años existió una convivencia con las redes de prostitución hasta la sanción de la Ley de Trata.

Por Leonardo Scolpatti

Reportaje de Noticias Judiciales.INFO al Fiscal Marcelo Colombo (Titular de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas de la Procuración General de la Nación). – http://www.noticiasjudiciales.info/Noticias_del_Dia/Reportaje_Noticias_Judiciales.INFO_al_Fiscal_Marcelo_Colombo

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