Confundir, sólo hace no mirar lo correcto

Muchas veces, cuando pensamos en el derecho penal, se nos viene a la mente la palabra delincuencia, mal viviente, inseguridad, violencia, etc. Lo cierto es que el derecho penal poco tiene que ver con estas palabras. Si hablamos de inseguridad o de delincuencia nos estamos refiriendo a la política criminal que podríamos asociar con la política de Estado. La política criminal constituye un sector de la realidad que tiene que ver con el conflicto, el poder, la violencia y el Estado, pero no con el derecho penal.

Es común que la gente se confunda sobre conceptos o finalidades que tiene el derecho y la criminología. Es decir, es común que la gente tenga pensamientos erróneos, pero como dice el Doctor Zaffaroni la gran culpa la tiene la mediatización de la criminología, que es lo que nos muestran los medios de comunicación y la confusión que se genera en gran parte de la sociedad.

Veamos un ejemplo: el mensaje es que el adolescente de un barrio precario que fuma marihuana o toma cerveza en una esquina mañana hará lo mismo que el parecido que mató a una anciana a la salida de un banco y por ende hay que separar a la sociedad de todos ellos y si es posible eliminarlos. Ellos deben ser criminalizados o eliminados, el chivo expiatorio debe infundir mucho miedo y debe ser creíble que es el único causante de todas nuestras zozobras.

Por eso para la televisión el único peligro que acecha nuestras vidas y nuestra tranquilidad son los adolescentes del barrio marginal, ellos. Para ellos se construye un concepto de seguridad que se limita a la violencia del robo. Cuando un homicidio fue por celos, pasión, enemistad, pelea entre socios, para los medios no se trata de una cuestión de seguridad, el homicidio de la mujer a golpes dentro del santo hogar familiar no produce pánico moral. Lo cierto es que el pibe del barrio marginal siempre tuvo sus derechos limitados, nació, creció y se desarrolló en un ámbito donde la delincuencia y el restringido acceso a los derechos es moneda corriente.

Tenemos la costumbre de estereotipar a las personas, el señor que usa saco y corbata no podría cometer un delito. Ahora, el joven morocho de gorrita, pelo corto y ropa deportiva es muy probable que sea un delincuente. Si con él nos cruzamos en la calle, somos capaces de hasta cruzar de vereda. Sucede porque estamos acostumbrados a que nos comuniquen esto.

Estamos viviendo un periodo en el que muchas de las reformas del sistema de justicia penal son el resultado de una instrumentalización política y mediatización del delito y del miedo a la delincuencia. Cuando la prevención de la peligrosidad se convierte en el mecanismo desencadenante para el uso de técnicas de investigación muy intrusivas y para el castigo penal, el sistema de justicia penal está en riesgo de convertirse en un sistema de seguridad. La expansión de la justicia penal es muy real en términos de control social, pero es muy simbólica en términos de capacidad de resolución de problemas sociales.

Frases como: ¡Leyes duras!, ¡Pena de muerte! ¡Policías incapaces! ¡Abogados corruptos! ¡Jueces ineficientes! son casi dichas por todas las personas. Me atrevería a decir que el problema no radica en estas frases -muchas sin sentido y con poco fundamento-. La ley no tiene que ser más dura, tiene que cumplirse, la pena de muerte no es la solución del conflicto, solo es un alivio pasajero para determinadas víctimas de un delito, los policías no tienen las herramientas suficientes para hacer un trabajo brillante. En más de una oportunidad, tuve charlas con ellos y me contaron que sus chalecos antibalas estaban vencidos sus armas funcionaban mal y su sueldo no alcanza para mantener el hogar (qué podemos pedirle a la policía si trabajan y viven en condiciones no muy favorables). El abogado es la persona que intenta que los derechos fundamentales de las personas se cumplan y los jueces son los que toman a través de las pruebas presentadas por las partes la decisión de la culpabilidad o la inocencia. Echarles la culpa a estas personas es no querer ver más allá, es no hacerse cargo de lo que realmente sucede. La solución no es atacar a éstos sino buscar la forma de implementar nuevas políticas de estado que funcionen. No pensemos que todo lo que sucede en la televisión es así.

Si bien la política criminal y el derecho penal no pueden divorciarse esto es así porque el penal, el procesal y el penitenciario responden a los objetivo fijados por la Constitución del país que es el instrumento que cristalizan las grandes decisiones tomadas o admitidas por la Nación en materia de política criminal. Lo que suele suceder en la práctica es que se modifica lo que dice la propia Constitución de modo tal que nos enfrentamos a inconstitucionalidades.
La mayoría de la población carcelaria (que no deja de ser un reflejo de la sociedad) que habita dentro de la provincia de Buenos Aires está compuesta por personas que no tuvieron acceso a determinados derechos, que pertenecen a una clase donde los derechos siempre se limitaron y muchas veces hasta no se conocen. Es por eso que creo que el sistema carcelario tiene que ser un lugar donde se enseñe cómo acceder a los derechos y se brinde las herramientas necesarias para poder saber qué hacer una vez que se sale de esa comunidad.

La comunidad carcelaria, los medios de comunicación, la política, la educación, la salud pública nos demuestran la realidad de un país. Cuanto más saturada se encuentren las cárceles, más políticos corruptos se descubran, cuando la noticia de todos los días sea la delincuencia, cuando más jóvenes no se eduquen y más hospitales saturados existan, más terrible es el riesgo que presenta una sociedad.

Por María Silvana Gómez – Abogada
Publicado en El Mensajero de la Costa – http://www.diario-elmensajero.com.ar/index.php?notaid=0620124febf2f8d3340

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