Las reformas policiales son gotas de agua en el mar de la inseguridad

Las magnitudes demográficas de Río de Janeiro tienen pocos parangones en América latina, acaso con San Pablo y México DF. Pero lo que allí ocurre con la inseguridad y los riesgos de vida, en las vastas áreas habitadas por los sectores populares de menores recursos, es un termómetro para toda la región. Un reciente seminario realizado en Buenos Aires por el CELS y patrocinado por el Wilson Center de Washington examinó la cuestión a la luz de las reformas policiales instrumentadas en Chile, Uruguay y nuestro país tanto a nivel nacional como de la Ciudad Autónoma. Entre los especialistas invitados estuvo Luiz Machado Da Silva, un experimentado sociólogo carioca que trabaja desde hace casi cincuenta años sobre la vida en las favelas.

En esta conversación, se aborda el tema de la inseguridad apuntando a tres cuestiones centrales: cómo revertir la brutalidad policial que caracteriza los intentos de mantener el orden público, el hecho de que las policías estén hoy bajo el escrutinio público y la necesidad de mejorar la formación de los cuerpos policiales, en contacto con las asociaciones de vecinos y las comunidades locales. Machado da Silva es profesor e investigador de la Universidad Federal de Río de Janeiro, trabaja en el Observatorio de las Metrópolis del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología y es autor de numerosos libros sobre la vida social en las favelas. Dice que “el control y transformación de las fuerzas policiales ocupa el lugar que tenía la subordinación de los militares al poder civil en la transición democrática”.

¿Mejoró la situación de seguridad en las favelas en los últimos años? “Mejorar” no creo que sea la palabra más indicada. Hay situaciones de marginalidad estructural y pobreza extendida que llevan más de cincuenta años, agregadas al tráfico de drogas ilícitas que se ha tornado extremadamente violento en los últimos veinte años, con enfrentamientos armados por el control de zonas densamente pobladas entre organizaciones, y frente a ello, una actuación policial igualmente violenta, con altos índices de muertes. Lo que me he preocupado por investigar es cómo se vive todo esto en el interior de las favelas y en los movimientos sociales, asociaciones de vecinos, etc., que allí existen. Estos han sufrido por partida doble, o triple, el ejercicio de la violencia por los traficantes y las respuestas represivas por parte de la policía militar. Lo que pasó en los últimos años es la llegada de esta situación a un límite y los intentos de cambiar la estrategia de respuesta para “pacificar” esos territorios.

¿En qué consistió este cambio de estrategia? Hasta entonces, desde la sociedad en general se prefirió “mirar para otro lado” y aceptar una delegación implícita a la policía para ejercer el trabajo sucio en esas “zonas peligrosas”, con una actuación policial que se autonomizó y se dirigió a buscar el control territorial de lo que se entendió como las “clases peligrosas”: de ahí también la identificación entre pobreza y violencia, la estigmatización de los pobres, la desconfianza hacia las formas asociativas de los sectores populares que habitan allí. Las peores formas de segregación y represión se dieron a medida que la violencia crecía y eso, paradójicamente, aconteció en plena democracia.

¿Las respuestas estatales represivas agravaron las cosas? La autonomía de las fuerzas policiales contribuyó a debilitar las capacidades de los propios habitantes de las favelas de defenderse de esos flagelos, al ser ellos mismos víctimas de la segregación, rehenes de la coerción física de las fuerzas y grupos armados. Recién en los últimos cuatro años empieza a darse cabida a otras formas de intervención policial “pacificadora”.

¿En qué consisten estas policías “pacificadoras”? Las llamadas UPPs (Unidades de Policía Pacificadora) son un programa territorializado que se propone reducir las cifras de muertos y también la visibilidad y el uso de los armamentos. Forma parte de una intención de cambiar la concepción de la policía en términos de una fuerza preventiva, de proximidad con la sociedad, que se encamine a la prevención y a una actitud más republicana por parte de los policías; pero esto está lejos aún de ser entendido y obtenido. Es una experiencia piloto limitada: actualmente hay 20 favelas con UPPs. En total, éstas llegan a más o menos 200 mil habitantes.

¿Y cuánta gente vive en las favelas en Río? No se sabe con certeza pero hay más de mil favelas, en las que vive más o menos un 15 % de la población, que es de 13 millones; o sea, son alrededor de dos millones de personas.

¿Cómo trabajan las UPPs respecto de la intervención policial tradicional? Las UPPs empiezan a tener un papel luego de que las unidades especiales de la policía militar -las llamadas BOPE- entraron con fuerza en las favelas para expulsar a los traficantes. Una vez que el BOPE hace la “limpieza”, ingresan las unidades de la UPP. Hace dos años empezaron a actuar las UPPs sociales, una iniciativa de las autoridades en el reconocimiento de la necesidad no solamente del control del peligro sino también de la oferta de servicios y bienes públicos.

Algunos observadores señalan que esta intervención en las favelas lo que hizo es mudar la violencia a los suburbios y otras grandes ciudades: una migración de la narco-criminalidad hacia otros lugares antes que una disminución de la misma. Es posible. Medir de una forma fidedigna esta redistribución del crimen es muy difícil y será siempre objeto de discusión. Las mismas autoridades han lanzado alertas públicas para que los criminales abandonen los lugares donde serían implantadas las nuevas UPPs antes de que comiencen los trabajos para crearlas. Es como si las autoridades reconocieran que pretenden simplemente desplazar las actividades criminales de un lugar a otro. Por otro lado, puede ocurrir que el mismo desplazamiento del crimen violento a regiones menos visibles socialmente y más lejos de los grandes medios sea un factor que despeje el ambiente y favorezca una discusión más serena sobre las políticas de mantenimiento del orden público, de modo que se incluya a las clases populares en este debate.

¿El aumento de la percepción de seguridad en las áreas más afectadas por la violencia ayuda a reducirla en el resto de la ciudad? Puede haber un desahogo en las relaciones sociales, tanto en las propias localidades como en la ciudad en general. El miedo dificulta profundamente el debate organizado y abierto de los problemas públicos y cuando la discusión finalmente se realiza, contamina su contenido. Se ven amenazas potenciales a la integridad física y patrimonial por todos lados y en todas las interacciones. Esto genera una espiral de demandas por más represión y un movimiento generalizado de autoaislamiento de las clases acomodadas, dejando más expuestas a las clases populares.

¿Cuál es el mayor problema que les ve a estas iniciativas de policías “de pacificación”? Estas reformas policiales que se están implementando son todavía incipientes y no siempre van en la dirección más adecuada para la población que más sufre la violencia. Por su alcance, estas reformas son como gotas de agua en el mar de la inseguridad. Y hay riesgos muy serios, como el control de la intimidad de las personas, que es enorme. Una política de seguridad que incluye la propuesta de una “policía pacificadora” opera como una comprensión de las relaciones sociales que, aun sin esta intención, puede terminar deformando la legalidad del funcionamiento del poder de policía, militarizando la práctica policial. Sólo puede haber una fuerza estatal “pacificadora” donde no hay paz, de modo que tenemos, desde su misma concepción, un presupuesto de guerra urbana.

¿No son estas situaciones de violencia y narcocriminalidad comparables con una guerra? ¿Cuál sería el enemigo en este caso, ya que es indiscutible que no se trata de una guerra civil ni de una guerra entre un país y algún otro Estado nacional? Este “otro”, que no es apenas diferente de nosotros es, sí, un verdadero enemigo que desestabiliza la paz cotidiana y nos atemoriza; corresponde a nuestros bárbaros internos. Como consecuencia, está implícita en la propuesta de una “policía pacificadora” una doble necesidad: primero, someter y apartar a los bárbaros por la fuerza; segundo, y al mismo tiempo, convertirlos “a la civilización”; esto es, a nuestros propios valores, intereses y patrones de sociabilidad. Esto no es ni admisible éticamente, ni posible fácticamente.

¿Cómo avanzar entonces en una concepción de seguridad democrática superadora y a la vez efectiva? La seguridad democrática -es decir, con fuerzas de seguridad que respondan a la ciudadanía y estén bajo el control de los ciudadanos- no debe ser un objetivo de llegada solamente, sino un punto de partida. Y debe haber un cambio en la cultura policial, educada durante décadas en la desconfianza hacia la gente pobre y el recurso a la arbitrariedad. Esto depende en gran medida de una formación democrática de los nuevos policías.

Por Fabián Bosoer

Publicado en Clarín – http://www.clarin.com/zona/reformas-policiales-gotas-agua-inseguridad_0_712128879.html

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