A más de 30 años de su implementación, las políticas de guerra a las drogas y la ley vigente han demostrado ser un rotundo fracaso.

Desde fines de los años ochenta, en toda la región, a excepción de la hermana República del Uruguay, se produjo un verdadero “Frankestein” normativo con las leyes de drogas, dejando de lado lo que fue una política criminal de sesgo democrático. Desde entonces, las organizaciones criminales y los delitos complejos vinculados, como el lavado de activos, el contrabando de armas, el de autos, los secuestros, la trata y los homicidios de inocentes, han sido una crónica diaria de la que solo en México se lamentan más de 50 mil homicidios.
En la Argentina, desde fines de la década del ochenta y a partir de los ’90, con las políticas cuyos restos subsisten, el problema de las drogas se convirtió en un problema sanitario que impone un deber ético.
Frente a lo anterior, aprendimos que nacieron nuevos problemas, como el de la corrupción policial en referencia a las drogas o hechos como los crímenes vinculados a luchas por espacios territoriales, casos cotidianos de vinculación de algunos políticos con la venta de drogas, o de funcionarios que deben velar por la ley y el orden, como el del ex jefe de Inteligencia de Gendarmería descubierto con casi una tonelada de cocaína con destino a España, algunas de las muestras de un escenario local similar a los de Ecuador, Chile o España y que opacan éxitos como el del Operativo Luis XV.
Cuando en 2006 aparecieron decenas de muertos en diversas zonas de la Ciudad de Buenos Aires (eviscerados, quemados, acribillados, ahorcados, etc.), algunos magistrados tuvimos la convicción de que eran homicidios entre grupos de traficantes que luchaban por consolidar espacios territoriales. Fiscales y jueces denunciamos la connivencia policial. Pero, lamentablemente, fue un fracaso institucional.
La guerra global a las drogas instalada por Ronald Reagan, que al reformar leyes permitió intervenciones militares que comenzaron en Bolivia y continuaron en México, Perú o Colombia, advierte sobre las consecuencias de malas políticas. Países como Guatemala son un espejo para los legisladores que hoy deben debatir un proyecto integral de “lo que no debe hacerse en la Argentina”. La militarización de causas criminales, el endurecimiento de penas y la “mano dura” sólo han provocado un aumento en la corrupción de estamentos políticos, policiales y judiciales, y cárceles superpobladas, en las que especialmente las mujeres y los jóvenes sin antecedentes previos son el eslabón más vulnerable.
Por otra parte, muchas jurisdicciones provinciales y sectores civiles han realizado los esfuerzos necesarios en materia de prevención y al garantizar la protección del derecho al acceso a la salud, el tratamiento y la reinserción de los ciudadanos que así lo requieren. Esto se impone como un deber ético para evitar violaciones graves a los Derechos Humanos.
Durante cuatro años, que coordiné la Comisión Nacional Coordinadora de Políticas Públicas en Materia de Prevención y Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, la Delincuencia Organizada Transnacional y la Corrupción se trabajaron tres anteproyectos de ley. Allí no sólo pudimos trabajar libremente sino identificar todas las áreas de políticas públicas que no se agotan en el Derecho Penal, sino elevar trabajos con la mayor honestidad intelectual y fundados en pruebas objetivas.
Es importante que se sepa que los legisladores y sobre todo aquellos que desde hace años vienen trabajando en forma consensuada, a pesar de representar a diversos sectores políticos,  han sancionado leyes como las de control y trazabilidad de medicamentos, de prevención en materia educativa, la ley del tabaco y la de reforma sobre salud mental, que justamente ponen el centro de la discusión en el control regulador que todo Estado debe tener entre el sector privado y la sociedad.
El decreto sobre control de acceso al alcohol firmado por la presidenta, junto al impulso de las anteriores leyes en la persona del ex jefe de Gabinete (Aníbal Fernández), son revolucionarios.
La ciudadanía debe saber que los nombrados dejaron que hiciésemos investigaciones con base en datos oficiales que probaron que las mayores adicciones eran la del alcohol y los medicamentos; que la falta de una ley de trazabilidad permitía la corrupción; que una ley de prevención era necesaria para los jóvenes; que se debía elevar el rango y crear una dirección para Salud Mental y Adicciones y vincularla con el territorio; que era necesario conocer en serio cuántas camas se necesitan para los que son adictos; que había que conocer qué era el paco; que necesitábamos relevar y generar inteligencia que cruce datos de personas, bienes y causas.
La tarea desarrollada por la cartera laboral con los convenios colectivos permitió usar ese instrumento también para drogas legales e ilegales; la cartera de Salud logró que se firmara en diversas jurisdicciones la adhesión a la Ley de Control de Medicamentos y el primer plan nacional sobre alcoholismo. En Seguridad, se avanzó en el diseño de varios protocolos para inteligencia en serio.
En este contexto nacional, hoy sabemos que lo que las fuerzas policiales provinciales y federales llevan a los jueces y fiscales es tenencia simple para consumo personal, que no exceden en promedio, los dos gramos, lo que le significa al país, por ejemplo, el 40% del presupuesto nacional en planes materno-infantiles. Un despilfarro que debe ser utilizado para el crimen complejo y para cuestiones sanitarias.
También hoy sabemos que necesitamos entre el sector estatal nacional y el provincial, el privado, el de las obras sociales y el sector civil, 200 camas calientes, mucho menos que lo que se proyectó para la posible epidemia de la gripe N1 H1.
Es un momento histórico, porque se conocen concretamente cuáles son los usos, los abusos, las adicciones, en qué sectores y regiones, y qué se necesita y qué se tiene en materia sanitaria. Lo mismo en materia educativa y laboral: no debe haber nadie más discriminado que por ser un adicto.
Se debe cumplir con el fallo Arriola, de la Corte. La política criminal debe estar dirigida a mejorar la cooperación internacional o a herramientas procesales que permitan mejorar la investigación del crimen complejo, hacer descender la corrupción o mejorar el seguimiento de la ruta del dinero. Para esto, sugerimos el anteproyecto de incautación de bienes por medios procesales para diversos delitos, que respete el derecho de defensa en juicio y la doble instancia.
En la Argentina, la consolidación del consumo se logró con la ayuda de la corrupción ya referida, que se extiende también a profesionales contadores, abogados del sector privado, a la que se suman agentes inmobiliarios, de autos o cuevas financieras, que a pesar de ser sujetos obligados, participan en el lavado del dinero.
La última evaluación que realicé este mes sobre ingresos durante el año 2011 en los juzgados y fiscalías federales, es abrumadora: sólo en una fiscalía se gastó dinero por el ingreso de 108 causas por el inciso 5, de las cuales casi 80 fueron archivadas, pues las instrucciones dadas de inteligencia a las fuerzas del orden fueron “negativas”; en un caso, la causa prescribió; y en otro, hubo un beneficio de suspensión de juicio. Hay que replantear las instrucciones de política criminal, tanto en Seguridad como en la Procuración General de la Nación.
En 2011, del total de 319 causas ingresadas en una fiscalía por presunta infracción al artículo 14 inciso 2, 313 fueron archivadas por inconstitucionalidad, y el resto siguió el mismo curso. Pero una es realmente desopilante: siete plantas debajo de una autopista que generaron tal strepitu fori a las fuerzas policiales que procedieron inmediatamente a abrir una investigación, la que, ante imputados N.N., sólo consiguió que las plantas –tres hembras– muriesen… ¿Es posible gastar tanto dinero en algo tan insignificante? ¿Cuánto falta para que se implemente el sistema de criminalística que permita identificar identidad de sustancia con sustancia?
Es importante, por ello, adelantarse e  implementar políticas de regulación del mercado, mejorar la coordinación entre las fuerzas policiales, implementar  tratados bilaterales con Colombia y Perú, enlaces entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público Fiscal que permitan mejorar la inteligencia y que esto redunde en pruebas válidas para arribar a una sentencia judicial.
Los proyectos presentados en el Congreso de la Nación por diversas fuerzas políticas y el consenso logrado entre los tres sectores políticos diversos, indican un buen comienzo, amplio para un debate necesario.
El último trabajo que realicé demuestra que más del 70% de los delitos urbanos se producen bajo los efectos de alcohol o medicamentos o ambos combinados. Cuánto se ayudaría en materia de seguridad si se trabaja en estos aspectos de los delitos urbanos.
Los anteproyectos que nos fueron pedidos son perfectibles, como todo, pero fueron realizados con trabajos fundados, y con gran nobleza entre nosotros, muchos de los cuales no pensamos lo mismo.
Tal vez sea criticable porque no está del lado de la legalización total, y se admite el disenso. Seguramente, para los partidarios de la posición de The Economist, también sea criticable. Sin duda lo será para los partidarios de tapar la corrupción a costa de estadísticas que encubren que más del 70% de los casos que llevan las fuerzas policiales son por insignificancia, y mucho más por los malos sectores sociales que no sólo lucran con las internaciones sino que en dichos contextos violan los Derechos Humanos de las personas.
Diputados y senadores se reunirán para consensuar. Estoy segura que tendrán la seguridad y la firmeza necesarias para evitar la estigmatización de jóvenes y mujeres, y combatir la corrupción.

Por Mónica Cuñarro

Resumen de la nota publicada en Tiempo Argentino – http://tiempo.infonews.com/2012/05/18/editorial-75926-una-ley-de-drogas-que-ponga-el-acento-en-la-prevencion-y-combata-la-corrupcion.php

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