Los jueces no saben dónde mandan a los presos

No tengo esperanza de que, desde el sistema judicial, se mejore la situación de las cárceles”, lanzó Iñaki Ribera Beiras.

“La privación de la libertad –explica– encierra la privación de multitud de otras necesidades convertidas en derecho. Juntarse con la familia, ir a estudiar a una universidad, son todas manifestaciones de la libertad que sólo entiende quien ha estado preso. Son multitud de facetas de la vida que se suspenden que van más allá de un concepto de un concepto restringido a la libertad ambulatoria”, asegura.

–¿Cómo asume el sistema penal este criterio?

–Los juristas, en este como en otros temas, tienen una visión estrecha, limitadísima, de este problema. Además, jueces, fiscales y abogados, los grandes operadores del derecho penal, creen que estamos hablando de problemas técnicos o procesales, que hay que fortalecer a la parte procesal, una mejor eficacia en la notificación de las resoluciones. No niego que habrá que tenerlo, pero la peor pedagogía es convertirlo en algo técnico o jurídico procesal, porque esto tiene una dimensión que va más allá de “lo político”. Está relacionado con un modelo de organización social, de planificación económica, y al final esto traduce una serie de opciones donde lo jurídico asume un papel instrumental al servicio de otro tipo de proyecto.

–¿Cuáles son los caminos a recorrer para desandar la falta de respeto a los derechos de los presos?

–En este sentido, lo digo con cariño, no tengo ninguna confianza en que desde el derecho se pueda contribuir a una mejora sustancial de la cuestión carcelaria. Evidentemente, en todas las profesiones la legitimación sólo se encuentra en el ejercicio comprometido. Lamentablemente, por lo que he conocido, los juristas no son precisamente representativos de un ejercicio comprometido en esto. Las malas conciencias de los juristas, y sobre todo de los jueces, se lavan en el mundo del sistema penal con multitud de argumentaciones. Lo que mal llamamos sistema penal no es más que una serie de subsistemas donde nadie es responsable por el todo: la policía detiene al individuo y lo entrega a los jueces; los magistrados lo procesan, lo condenan y lo mandan a la cárcel, pero no son responsables de lo que pasa en los centros carcelarios; el sistema penitenciario dice que no es responsable de recibir a los presos y ninguno de estos tres actores tiene responsabilidad por el resultado final, por el todo. Por eso digo que no puede llamarse sistema penal. El único que pasa por todo el proceso es el propio preso, y nadie se acuerda de la víctima del delito, que es un convidado de piedra en todo este proceso, y no obtiene ningún tipo de resarcimiento o compensación por el daño que el delito le ha causado.

–¿Cuáles son las reacciones ante esta situación?

–¿Los jueces saben realmente lo que están haciendo cuando condenan a la gente? Todo el mundo se llena la boca hablando de derechos humanos, y la Argentina es paradigmática en esto, firmando tratados internacionales de prohibición de torturas, malos tratos, penas crueles, inhumanas y degradantes. Creo positivamente que se tienen unas cárceles ilegales, al margen de la legalidad. Si de verdad queremos llevar adelante el precepto contra las penas inhumanas y degradantes, la situación de las cárceles no se sostiene. Por lo tanto los jueces no podrían ordenar condenas, porque ordenan lo que resulta en penas crueles, inhumanas y degradantes…

–…según lo describe el sistema normativo internacional.

–Sí, suscripto por los ordenamientos jurídicos internos, tanto en España como en la Argentina. En esto son idénticos. Siempre que hablamos de malos tratos, de violencia institucional, digo que en España hay una actitud de absoluta negación, no está bien visto que en instituciones de segregación se produzcan malos tratos. Incluso pueden abrirse procesos penales por denigrar a los cuerpos de seguridad. En la Argentina es exactamente al revés, acá todo el mundo acepta, muy progresistamente, que la policía históricamente ha maltratado y maltrata, que en las cárceles pasa lo mismo. Al final, en un sitio porque se niega y en otro porque se acepta naturalmente, nadie se hace cargo de las consecuencias de esto.

–¿Queda cuestionar la legitimidad de las sentencias?

–Yo les preguntaría a los jueces penales, que condenan tan alegremente a las personas a tantos años de privación de la libertad, si saben a dónde están mandando a la gente, si saben que están sosteniendo con esas sentencias a todo un sistema que está prohibido por normas establecidas. Qué legitimidad tienen esos jueces, cuando la ejecución de las penas es ilegal. Esto debería plantearse la clase judicial. No hay hoy una cultura judicial profundamente democrática, a diferencia de otras épocas y en otros países que sí la hubo y motivó jurisprudencias alternativas, por las cuales los jueces se negaban a hacer cumplir penas privativas de la libertad. Mientras eso no sea así, seguiremos hablando de este tema pero no modificaremos ni un milímetro una realidad carcelaria profundamente infame.

–En la Argentina se suma el fenómeno de la prisión preventiva que se extiende en el tiempo con miles de presos sin condena.

–Sí, esas son las situaciones que agravan lo dicho anteriormente. Los altísimos índices de personas, que según la Constitución tienen derecho a la presunción de inocencia y que purgan largos períodos de cárcel, no se sostienen desde un paradigma de respeto por los derechos humanos.

–Las críticas al sistema carcelario apuntan a que no genera efectos positivos en los presos sino lo contrario.

–Pero seamos claros. La privación de la libertad no tiene por qué apuntar sólo a generar situaciones positivas, también debe castigar porque ninguna sociedad puede desenvolverse sobre la base de impunidad. Otra cosa es pensar en el tipo de cárceles que tenemos, en la clientela carcelaria. Esa cárcel es la que queremos reducir, donde el 95 por ciento de los presos no han matado, violado ni lesionado a nadie, sino que están por los tipos delictivos contra la propiedad, el mundo de la droga, etc. Ahí puede desarrollarse una imaginación diferente para trabajar con esa gente.
Extracto de la entrevista publicada en Revista Veintitrés a Iñaki Ribera Beiras, especialista en sistema carcelario. Abogado, docente de la Universidad de Barcelona, director del “Observatori de Sistema Penal i les drets humans”, director del Máster Internacional Criminología y Sociología Jurídico-Penal, dictado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Participó del “VII Encuentro Nacional de Jueces de Ejecución Penal”, realizado en Córdoba.

http://veintitres.infonews.com/nota-4611-sociedad-Los-jueces-no-saben-donde-mandan-a-los-presos.html

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s


A %d blogueros les gusta esto: