Menores, crimen y castigo – Parte I

Si bien  es cierto que las opiniones que siguen surgieron hace algo más de un año a raíz de un episodio puntual, el tratamiento globalizador del tema por parte de distintos autores, habilita su inclusión entre nuestros apuntes.

 

Falta decisión política
Por Martha Arriola

Psicóloga social. Ex subsecretaria de Niñez y Adolescencia en un tramo de la gestión Scioli. Ex Directora de Participación Comunitaria del ministerio de Seguridad de la Nación.

El punto central es qué hacer antes. Una vez sucedido el hecho, la cuestión es irremediable; hay dos familias destrozadas. Parte de la raíz está en los niveles de exclusión tremendos que vivimos en la etapa del neoliberalismo y que hemos venido superando con el proceso de inclusión iniciado con Néstor Kirchner y seguido con Cristina. De todos modos, no se resuelve en diez años, necesitamos más tiempo.
Es necesario encarar la problemática con profundidad y de manera integral. Eso significa poner eje, prioridad, en la población joven, que es víctima y, en esta situación, victimaria. No puede ser que este tema no sea prioridad en la agenda de políticas públicas. Y en la provincia de Buenos Aires, para el gobernador Daniel Scioli no lo es. Tengo reconocimiento por los esfuerzos que hace el ministro de Desarrollo Social, Baldomero Álvarez de Olivera, pero entiendo que el tema no es prioridad para el gobernador. Es claro que para la Provincia no es prioridad la temática de los menores.
Muchas veces se termina discutiendo sobre la baja de la edad de imputabilidad, incluso se termina proponiéndolo, y eso es una cuestión menor. Suponer que por bajar la edad de imputabilidad vamos a resolver este problema es engañarnos como sociedad. Quienes estamos trabajando desde hace años con la problemática, sabemos que no es esa la solución. Se puede decir demagógicamente que si se baja la edad de imputabilidad ponemos fin a la problemática de los menores que delinquen, etc., etc., pero no es cierto; bajaríamos la imputabilidad a 14 años, después a 10, y luego no sé hasta dónde.
Pero el problema es profundo. Y hay niños, incluso menores a 13 años, que portan armas, que están en situaciones de extrema vulnerabilidad, que son violentos, que han vivido situaciones estructurales de absoluta precariedad en la constitución de sus vínculos familiares; pero es un problema que hay que tomarlo.
Y no hablamos de una población inelástica. No es un universo tan inmenso que no es abordable, no es así. Cuando trabajé en la gestión de Seguridad, hicimos un trabajo de registro de ingreso a comisarías de menores, de toda la Provincia, y registramos un universo de 30.000 casos en aquel momento, y vimos que el 80 por ciento de los casos era por causas asistenciales y sólo el 20%, por causas penales. Es decir, estamos hablando de un número preciso y asible, con posibilidad de trabajarlo y abordarlo en serio.
No estamos frente a un tema vinculado a la falta de leyes sino frente a la falta de decisión política. Quedarnos en la discusión de la detención o no es quedarse en la epidermis de la cuestión. Hay que avanzar en la prevención y para hacerlo en serio es necesario poner los instrumentos a disposición.
Los pibes que hoy están privados de la libertad cuando salen no tiene perspectivas de reinserción y vuelven a delinquir porque no encuentran armada una estructura que los sostenga, a sus familias tampoco se las acompañó en su problemática de violencia y destrucción. En los institutos donde hay chicos privados de su libertad desde hace años, ellos mismos cuentan que no tienen ninguna perspectiva, horizonte de salida. Pensar que encerrándolos se resuelve el problema es un engaño.

Lo que la ley no permite
Por Ricardo Berenguer

Abogado. Defensor oficial.

La imposición de una medida de seguridad privativa de libertad a un joven inicialmente imputado de la comisión de un hecho penal contraría el sistema de Justicia Penal Juvenil vigente en la Provincia sea que la medida se cumpla en un instituto penal o en una comunidad terapéutica.
Sea que la imponga un juez penal o un juez de familia, la medida da por tierra con el derecho a defenderse de la imputación penal que se le dirige al sujeto.
Claro está que siempre habrá argumentos para sostener la situación de vulnerabilidad social del joven, pero lo cierto es que el único motivo es la acusación de haber cometido un delito y el impacto social que ello conlleva.
Si la ley no permite sancionar a un joven por la comisión de un hecho que -cometido por un mayor- constituye un delito, echar mano a argumentos como “protegerlo”, “evitar que lo linchen”, “ayudarlo”, “asistirlo” o cualquier otro, disfraza una vedada intención de sancionar aquello que la ley no permite reprochar.
Por otra parte, ante un caso que alcanza la atención de los medios de comunicación, aparecen inmediatamente los pregoneros de la baja de la edad de imputabilidad. Aún hay quienes con buenas intenciones sostienen que ello impedirá la imposición de medidas de seguridad por debajo de la edad que la ley establezca.
Seguro que ese límite será nuevamente modificado ante un nuevo hecho que tenga por protagonista a un niño que no alcance la edad de reproche. Así llegará el día en que un niño que no ha alcanzado la edad de discernimiento sea sometido a igual medida privativa de libertad bajo los mismos pretextos que hoy se utilizan.
Mientras ello suceda, se distrae la atención social y estatal que debería focalizarse en las políticas de inclusión social de jóvenes con derechos vulnerados para que la violencia que impera en nuestro medio social encuentre fin de la mano de la disminución de la marginalidad y la falta de dignidad.

La droga y la familia
Por Carlos Davalioni

Director de Niñez y Adolescencia de la Municipalidad de La Plata

La mayoría de los problemas serios con los adolescentes es por el consumo de droga y la problemática familiar. Abunda la toma de barbitúricos con alcohol. Las pastillas están a la orden del día y lamentablemente no se toma conciencia para no venderles, pero lo que les da vuelta la cabeza a los chicos es la mezcla de Rophinol con alcohol.
Se trata de un flagelo que todo el mundo conoce y nadie puede ignorar. El tema de la baja de edad de imputabilidad es un tema, pero lo que corresponde es empezar a discutir las garantías de reinserción, porque podemos encarcelar a un chico a los 10 o a los 11 años, si quieren, pero si no garantizamos que cuando salgan lo hagan como personas de bien, no es ninguna solución.
Qué diferencia meterlos presos a los 12 o a los 50 si cuando salen son peores que cuando entran.
De todas maneras, no puede ser que un chico pase siete y ocho veces por una comisaría sin que el Estado se haga presente para garantizar que puedan tener una vida digna. Es cierto que podrían estar en un instituto con computación, jugar al tenis o al futbol, pero qué pasa cuando vuelve a su barrio y se encuentra con la pobreza, con el piso de tierra, con la exclusión.
Hay que armar el camino de vuelta para que los pibes no se encuentren otra vez con la droga que los acecha y se queden sin alternativas.

Primera parte de la nota publicada en http://www.infonews.com/nota.php?id=123038&bienvenido=1

Una respuesta to “Menores, crimen y castigo – Parte I”

  1. Miguel Angel Medici Says:

    Por lo menos hay tres funcionarios de rango que dicen lo que hay que decir. Muy buena la crítica constructiva con propuestas concretas y factibles de llevar a cabo, incluso con el doble valor que le da el hecho que son efectivamente autocríticas, porque ellos forman parte de la gestión.
    Este es el camino y tenemos que apoyarlo decididamente con todos los esfuerzos que podamos realizar.

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