Políticas públicas y análisis criminológico

¿Qué es la coordinación interagencial y cómo funciona?

El concepto precisamente es intervención multiagencial para la prevención del delito, y surge de un sector de la criminología crítica o la nueva criminología. Una formación teórica de fines de los 60 y principios de los 70 que en el contexto inglés, ante las políticas conservadoras de Margaret Tatcher, evalúa que la izquierda no tiene propuestas de política pública en materia de seguridad. Entonces comienza un camino de elaboración de políticas públicas de seguridad progresistas, para confrontar políticamente, en el contexto mencionado, con las políticas de ley y orden o mano dura de Tatcher.

El planteo es muy consistente con la lectura que hace la criminología de las condiciones sociales: apuntando a que el delito es un fenómeno social, vinculado a procesos estructurales (empleo, inclusión social, etc.), y a procesos culturales, que son de una complejidad importante. En ese entendimiento de que el delito y su control son fenómenos sociales complejos, que involucran variables culturales, estructurales, históricas, que se dan de una manera determinada en un tiempo y un lugar, plantean que una buena política de seguridad tendría que tener la capacidad de, según los tipos de delito, abarcar todas estas variables.

Y justamente por lo amplio que es ese menú de variables, la construcción de la multiagencialidad es: si se trata de temas que tienen que ver con el empleo, la inclusión social, el tiempo libre, la vivienda, el diseño urbano, y no sólo con el tema de la intervención policial, el esclarecimiento de delitos y todo lo que hace al sistema penal, tenemos que pensar de qué manera armamos una política que involucre de manera coordinada a las agencias o instituciones, en nuestro caso los tres niveles del Estado y también la sociedad civil, que tienen competencia para cada una de estas variables que están en juego, y una competencia que además sea organizada, y ahí aparece la definición intervención multiagencial para la prevención del delito.

La multiagencialidad no es un invento de la criminología. Esta palabra, que en el contexto argentino la vamos a encontrar más como intersectorialidad, se usa previamente en, por ejemplo, las políticas sociales. Y aparecen en las políticas de prevención del delito multiagenciales buena parte de los problemas que también aparecen en las políticas intersectoriales sociales: las áreas de vacancia donde ninguna agencia se hace responsable de ese nivel de intervención; los lugares donde hay superposiciones en las intervenciones; las situaciones donde las intervenciones son contradictorias, por ejemplo la agencia social dice con los niños que puedan entrar en conflicto con la ley penal hay que trabajar de una manera, que no aumente la exclusión social, y tenés otra agencia, por ejemplo la policía que dice no, hay que detenerlos, procesarlos; entonces tenés conflictos de competencias donde nadie quiere tomarlos, donde los toman varios y mal, o donde incluso los conflictos se dan por abordajes contradictorios.

Entonces el gran desafío de las políticas multiagenciales, en materia de seguridad pero también en las otras, es justamente generar estos espacios de coordinación. Y en un Estado con tres niveles como es el caso de Argentina, eso es aún mucho más complicado porque te obliga a articular Nación, Provincia y Municipio en las intervenciones.

¿Estamos muy lejos de poder trabajar correctamente de esa manera en nuestro país?

Diría que sí, pero más cerca que hace 15 años. En el sentido que, hoy por hoy, hay un reconocimiento en la retórica política, por izquierda, por derecha, progresistas, conservadores, autoritarios, libertarios, como uno quiera armar el esquema, de que la cuestión de la seguridad es un fenómeno complejo, que requiere intervenciones integrales, que no se resuelve sólo con el sistema penal, pero insisto, esto en la retórica política. Hay que ver que en muy poco tiempo hemos salido de planteos que decían “hay que meterle bala a los delincuentes” y todas las experiencias más siniestras de la provincia de Buenos Aires. Hoy en la retórica política hay un acuerdo sobre que es un tema integral, complejo, que tiene que ver con muchas cuestiones.

Ahora, esto es retórica. En la práctica política algunos no tienen vocación ni intención de hacer eso, otros lo limitan. Macri puede coincidir en su retórica política con que es un problema complejo, ahora después lo que va a decir es “hay que urbanizar las villas”, punto. Y no va a ser ni eso siquiera, probablemente.

Y por ahí hay posiciones más socialdemócratas o progresistas en la materia que tienen muchas dificultades a la hora de generar estas políticas, porque no hay una tradición de políticas públicas de seguridad en Argentina. Ese es el problema más grande. Es un tema que, históricamente y hasta hace muy poco tiempo, su conducción, su gestión, estuvo delegada en la institución policial, con todos los problemas que conocemos de malas políticas, corrupción, violencia, etc. Y además porque es injusto exigirle a la institución policial el desarrollo de una política. Sería como si uno pusiese a un cuerpo de enfermería a armar el sistema de salud, no es viable.

¿Esto sucede porque está muy arraigado el concepto de seguridad como control de conflictos en las calles exclusivamente?

Eso es lo que nos quiere hacer creer la derecha, porque cuando uno analiza en detalle  encuestas de victimización que tienen un segmento sobre opinión y percepción, se encuentra con que un porcentaje importante de los encuestados reconoce que las variables como el empleo, el desempleo, la educación, la falta de educación, la inclusión social, el acceso a bienes, etc., es muy significativo a la hora de producir inseguridad.

Si uno agrupa todas estas respuestas se encuentra con que hay un conjunto alto de opiniones respecto de que las variables sociales importan, que son necesarias las reformas policiales, y después queda un segmento muy duro en toda encuesta, pero que nunca ha superado el 16% ó 20%, que pide pena de muerte, mano dura y demás. Pero incluso yo marco una diferencia, porque uno a veces se encuentra con cosas aparentemente contradictoria en los datos cuantitativos, que cuando lo analizamos cualitativamente esa aparente contradicción se desvanece:

Una cosa es la percepción y la opinión social de cuáles son las causas del fenómeno y qué debería hacerse para resolverlo, entonces ahí las variables que hablarían de un abordaje integral tienen cierto peso, o hay una opinión importante a favor. Otra cosa es preguntar qué hay que hacer ante la transgresión en particular y un caso concreto, y ahí aparece sí la lógica más punitiva. Pero no son contradictorias, una está hablando de un fenómeno social y otra está hablando de cómo respondo a un caso concreto. Y es más, ante casos concretos muy duros y con mucha trascendencia esta opinión fluctúa alrededor del castigo, no de las políticas de prevención.

Y hay un convencimiento de que la institución policial en general debe ser reformada, que no funciona bien, que tiene niveles altos de corrupción, que participa en el delito. Con lo cual, para una política pública progresista en seguridad hay oportunidades, hay que empezar a construirla. Yo veo con mucho optimismo el acuerdo de seguridad democrática que se conformó a fines del 2009, porque diría que es la primera vez que estamos reunidos todos los expertos, académicos, gente con experiencia en gestión política, y tiene una red importante donde están representadas todas las universidades que trabajamos en estos temas, organismos de derechos humanos, y la realidad es que enfrente no hay nadie.

No hay nadie que asuma el discurso duro, conservador, de seguridad, creo que hay gente que lo comparte, pero no tienen ni siquiera una formulación discursiva al respecto. Quizás podríamos encontrar a alguno de los funcionarios del gobierno de Macri con una posición de derecha, es bastante razonable, pero a la hora de presentar una propuesta vienen las cuestiones. Lo que digo yo siempre, que es una obviedad, es que los consensos no hay que mirarlos en términos de retórica política, sino ver adónde están los presupuestos, en qué se gasta el dinero público en una política de seguridad. Si el grueso se gasta, como se gasta ahora, en equipamiento policial, circuitos cerrados de televisión, medidas de prevención situacional, cárceles y lo que queda para la intervención propiamente social, que es muy difícil, bueno eso no es una política integral ni multiagencial, es una política más bien punitivista y que va a fracasar.

Pero es un camino a construir, no fue lo mismo la primera reforma de la provincia de Buenos Aires que intentó Arslanián, que la segunda que fue más rica, con más gente, más amplia en su espectro. La experiencia de Mendoza también es una experiencia interesante de reformas y contrarreformas, más en un tono de contrarreforma actualmente, pero la situación es mejor, hay un reconocimiento.

La otra cosa que ha desacreditado mucho a las políticas represivas y de mano dura es que fracasaron, fracasaron sistemáticamente. Lo curioso es que ante cada fracaso lo que piden es más de lo mismo, o sea, no reconocen el fracaso teórico, político y conceptual, sino que “falta más”. Provincia de Buenos Aires es un ejemplo grave de cómo haber abandonado los avances que había hecho la gestión anterior, la de Arslanián, y está generando una situación de casi descontrol en la provincia.

Y después marca cosas interesantes: en todos los partidos políticos, o al menos todos los que tienen chances de gobernar, coexisten tensiones entre enfoques más progresistas y más conservadores en seguridad. Uno no podría identificar un enfoque más progresista con un partido político que con otro. Al interior de los partidos existen tensiones importantes respecto de una mirada tradicional, conservadora, que no quiere aceptar la gobernabilidad dándole autonomía a la institución policial, y miradas más actuales, más conocedoras del fenómeno que dicen esto con gradualidad, con políticas de shock, habrá que elegir los estilos, los momentos y los tiempos políticos, etc.

Pero si a este tema no se le entra políticamente, si no se construye una conducción propiamente política de la institución policial, como hay en las otras áreas de gobierno esto no es ningún misterio, si eso no se hace, si no se modernizan y se profesionalizan las instituciones policiales, si no se reforman los mecanismos de administración de justicia penal que son grandes responsables de los problemas que hay en seguridad, son los que deberían estar investigando criminalidad compleja, en vez de dedicarse al ladrón vulnerable, es muy difícil entrar. Es un escenario de 15 años para adelante, pero creo que se han hecho avances.

Extracto de la entrevista a Enrique Font, secretario de Seguridad Comunitaria en el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, donde ha coordinado el proyecto para el abordaje del delito auspiciado por el Programa de las Naciones Unidas y la sección de Política Criminal de la Facultad de Derecho, en la Universidad Nacional de Rosario. Es magíster en Criminología de la London School of Economics and Political Science y profesor de Criminología y Política Criminal en carreras de grado y posgrado de la UNR.

Publicado en Plataforma de Información para Políticas Públicas http://politicaspublicas.uncu.edu.ar/articulos/index/enrique-font-politicas-publicas-y-analisis-criminologico

 

2 comentarios to “Políticas públicas y análisis criminológico”

  1. alda Says:

    Es un problema con tantas puntas que desalienta ¿por dónde empezar? Es tan abrumador que la tendencia es postergar. Para cumplir con la premisa de política de prevención y/o política de castigo, apuntaría en primer lugar al narcotráfico porque la droga exacerba la crueldad de los violentos. Sabemos que hay drogas legales pero no son tan destructivas del cerebro. Delitos hubo siempre pero el acceso fácil retroalimenta la necesidad de consumir y ésto desmadró los límites de agresividad. Paralelamente, esto lleva más tiempo, encarar la reeducación desde lo social. En mi época escolar se repitió tantas veces” el derecho de uno termina donde empieza el del otro”, que nunca lo olvidé. Lo demás lo aprendí en familia o me enseñó la vida.

  2. Miguel Angel Medici Says:

    En términos generales me parece un excelente extracto de lo que tantas veces hemos debatido. Marca claramente una LINEA DE ABORDAJE, incluso aceptando que hay cuestiones que hacen al “dia a dia” que requieren de respuestas inmediatas, pero también y sin más dilaciones, el armado de una Política de Seguridad signada por la “…intervención Multiagencial para la Prevención del Delito”.
    No coincido con ALDA en que el problema “Es tan abrumador que la tendencia es postergar”. No dudo que es abrumador, pero la “llave de arranque” está en el párrafo que expresa “Pero si a este tema no se le entra políticamente…es muy dificil entrar”. Si se posterga es por que no hay acuerdos políticos al respecto, incluso entre los integrantes y responsables de la conducción tanto a nivel nacional como provincial. Siguen prevaleciendo intereses personales y sectoriales sobre el general.
    ¿Que puerta hay que golpear para empezar a construir el camino?.
    Si el proceso de fondo va a demandar 15 años de trabajo sobre un plan multisectorial, con avances y retrocesos, revisiones y cambios, y empezamos YA, el año que viene van a faltar 14.
    Si seguimos observando que los que “tienen la llave” se debaten en el terreno de los “acuerdos” y forman parte de la “sociedad” Policía / Justicia / Poder Político, y no recurrimos a los que efectivamente toman su función como un servicio a la comunidad, no tenemos salida y la peor de las corrupciones nos ganó la batalla.
    También depende de nosotros.

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