¿De qué hablamos cuando hablamos de Justicia?

En mi reciente libro, Cartas a Cristina, dedico un capítulo al lamentable estado de la Justicia en la Argentina. Algunos amigos, juristas que respeto, consideraron que el texto es excesivamente duro y me cuestionaron ciertas “generalizaciones”. Y puede que tengan razón, no obstante lo cual el estado de la Justicia en nuestro país no deja de ser calamitoso.

Ahí está esa esposa de gobernador que se habría cargado al marido de un balazo. Por celos, por desplazamiento del rol de primera dama, por cuernos o lo que sea, todas las crónicas y testimonios describen un balazo en la cara y a pocos centímetros, cuando el tipo estaba acostado. Emoción violenta o no, si hay solamente dos personas en un ambiente y una de ellas muere de un tiro sin que haya entrado un tercero, etcétera, etcétera. Desde Edgar Allan Poe sobra buena literatura al respecto.

Pero llevamos casi tres semanas viendo un trato que no tendría nadie que no esté vinculado con el poder. Vemos un supremo rionegrino que debió por lo menos callarse la boca. Vemos la falta de jueces definitivos y abogados que cuentan con ventajas que ya quisieran sus colegas en cientos de otros casos.

Todo eso no es más que el enésimo botón de muestra de un sistema de Justicia que se acerca a lo deplorable. Hace poquito, en La Plata hubo un horrible cuádruple crimen, con un claro sospechoso, y en Lincoln fue asesinado un chiquito llamado Tomás, todo indica que a manos de su padrastro. En ambos casos lo que parecía estar clarísimo se oscureció. Como el caso de otro chico, Gastón Bustamante, y luego el de la maestra Silvia Prigent. En todos, el sistema, con su infinito laberinto de chicanas, más parece que en lugar de hacer justicia hace agua por todos lados.

Hay cientos de otros casos similares en todo el país: el asesinato de Manuel Roseo en el Chaco, hace un año; o hace cinco el nunca esclarecido de Nora Dalmasso en Río Cuarto; o el ya delirante affaire García Belsunce, que parece magullado a pitutazo limpio.

Hay un común denominador: pésimas investigaciones policiales, sumarios lentos y “empiojados”, dudosos sorteos de juzgados, demoras inexplicables, recursos infinitos y fuegos artificiales tan mediáticos como vergonzantes. La mayoría de los casos termina en previsibles e indignantes “faltas de mérito”, condenas risibles o fallos absurdos como en el caso reciente de la mujer que, con su marido enfermo, cayó en manos de usureros que la desvalijaron, cobrándole intereses hasta del 680 por ciento. En primera instancia se condenó a los usureros, pero la Cámara de Apelaciones modificó el fallo con el argumento de que la mujer no fue forzada y entonces la culpa era de ella misma. Los usureros aún celebran.

Las injusticias se cuentan de a miles, y son cada vez más irritantes. Ya es obvio que en la Argentina la Justicia es para los giles, los ladrones de gallinas y los pibes chorros. No es exageración: hay unos 30 mil presos sólo en la provincia de Buenos Aires y, aunque la ley lo prohíbe, el 93 por ciento de los jóvenes presos estuvo dentro de una comisaría, el 22 por ciento en celdas con mayores de edad.

La capacidad de alojamiento del sistema penitenciario es de 15.600 plazas, pero en marzo de 2011 había 26.971 presos en 55 cárceles, y otros 2433 en más de 300 comisarías. La violencia interna es impresionante: 585 casos mensuales. En 2009 hubo 117 muertes en las prisiones bonaerenses, y 133 en 2010. Las condiciones son infrahumanas porque allí rige todavía el sistema instaurado por el genocida Ramón Camps durante la dictadura. La tortura sigue siendo práctica generalizada: submarino seco, picana eléctrica, palazos, manguerazos y el aislamiento como castigo son prácticas vigentes. El 25 por ciento de las mujeres sufrió agresiones y, en la Unidad de Melchor Romero, el 60 por ciento de las detenidas denunció ataques físicos por parte del personal.

Todo está documentado en la Comisión Provincial por la Memoria.

Si se piensa en los tres pibes militantes asesinados en Rosario, en el caso de los qom de Formosa o incluso en la nunca aclarada desaparición de Julio López luego de ser testigo de cargo, no es descabellado concluir que la Justicia es un desastre, y los juristas no tendrían que ofenderse cuando se dicen estas cosas. Que saben mejor que nadie.

Y el poder político tampoco, porque todo el cinismo, hipocresía, dobles mensajes y corrupción que inficionan al Poder Judicial en su conjunto están dañando las bases de la República. Cuestión, por cierto –y también hay que decirlo–, de la que casi ningún “republicano” de la oposición dice ni jota.

Hace años escribí en otro libro, El país de las maravillas, algo que también fue criticado: “Restaurar una Justicia confiable es urgente y es posible, sobre todo si la planteamos desde una perspectiva moral antes que política (…). La depuración tiene un único camino: replantear el funcionamiento de la Justicia en todos los fueros, en todo el sistema, con bases nuevas, claras y limpias, y tribunales examinadores irreprochables. Quizás, incluso, esa depuración requiera una medida extrema, casi quirúrgica, que desde 1995 he propuesto pública y reiteradamente: considerar la declaración en comisión de todo el sistema de Administración de Justicia”.

Está claro que es una medida riesgosa –en 1949 se practicó y con resultados discutibles–, pero algo habrá que hacer. Porque a nuestra Justicia ya no la salvan los honrosos tribunales, jueces, fiscales y funcionarios que hoy son excepción, ni los irreprochables abogados y juristas decentes que todavía hay en esta República. No alcanza con ellos. Como no alcanza con algunas buenas intenciones que mostró el kirchnerismo al mejorar el sistema con más presupuesto, informatización y refacciones edilicias.

En Pergamino, un agente de seguridad hiperceloso conmina al novio de su hija –un chico de 16 años– a salir por la ventana, y acaso lo golpea y lo arroja. El chico cae desde un sexto piso y muere. Y en Río Negro, el juez Chirinos dice que “lo presionan” para que meta presa a la primera dama presunta asesina, como si no hubiera sospechas suficientes. Y el gobierno santafesino “pide” a la Justicia que restrinja las “salidas transitorias” que se conceden a represores como Víctor Brusa. Y hay más y más, haciendo obvio que no impera la Justicia.

La frutilla del postre es el proxeneta y ex agente de la SIDE Martins, denunciado en este diario por su propia hija Lorena, que reclama infructuosamente el apartamiento del juez Oyarbide por ser amigo de su padre, lo cual es por lo menos altamente probable. Todos sabemos que se trata de uno de los delitos más repugnantes del mundo, sobre el cual la Justicia argentina tiene una larguísima historia… de silencio e ineptitud.

¿De qué exageraciones hablamos, entonces?

Por Mempo Giardinelli

Publicado en Página 12 – http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-185849-2012-01-20.html

3 comentarios to “¿De qué hablamos cuando hablamos de Justicia?”

  1. alda Says:

    Los ciudadanos comunes lo vemos todos los días y no queremos esta justicia tuerta. Qué le pasa a los responsables, ¿están ciegos?
    ¿No es llamativo que esta mujer que denuncia a su padre desde diciembre por trata de personas y de regentear próstíbulos con aporte de pruebas y fotografías todavía no ha sido llamada a declarar? Y hay muchos casos más no mencionados en el artículo, que ante la sospecha de narcos o policías involucrados no progresan. Ante estos resultados francamente da miedo ser testigo y denunciar.

  2. alda Says:

    Olvidé de agregar que la lentitud de los jueces y la impunidad evidente alimentan la violencia urbana. Vemos por TV casi a diario a ciudadanos haciendo justicia por mano propia, que obviamente no es la solución. También es preocupante el aumento de policías muertos en enfrentamientos este año. Los responsables de administrar justicia deberían saber que es muy malo para la sociedad el crecimiento de la ira de los mansos.

  3. Miguel Angel Medici Says:

    Creo que el artículo de Mempo Giardinelli no nos debe sorprender, porque forma parte de una realidad cotidiana; lo más preocupante es, en todo caso, que los que antes ejercieron y hoy ejercen el poder político no hayan actuado en consecuencia sobre TODO EL SISTEMA, del cuál la justicia es una parte. Y justamente la justicia – dentro del “sistema” – está al final de esta verdadera maraña, porque actúa con el hecho consumado; si no hubo un hecho delictivo no participa. No necesariamente forma parte de la prevención, no se pregunta porqué pasan las cosas que pasan ni analiza lo que hay que corregir para que no vuelvan a pasar.
    Por eso que la máxima responsabilidad es del poder político, que SI TIENE Y DEBE ACTUAR DECIDIDAMENTE SOBRE TODO EL SISTEMA.
    Que pena que Giardinelli se haya quedado – por lo menos en este artículo – en la crítica sobre una realidad incontrastable sin proponer nada a cambio. Lo comparto en su análisis, pero lo considero incompleto y apocalíptico, porque si así no fuera tendría que renegar incluso del sistema democrático, cosa que bajo ninguna circunstancia voy a aceptar.
    En un comentario sobre “Incidir en las Políticas Públicas”, Goburastero escribió: “A veces lo mejor o correcto es no hacer nada. Otras veces es necesario hacer algo”. Es tan amplio que no voy a deducir la postura que – a su criterio – hay que asumir. De hecho me resultaría muy provechoso compartir pareceres, porque a lo mejor tenemos una misma línea de pensamiento. Adelanto que soy de los que piensan que SIEMPRE es necesario hacer algo.
    Pido disculpas por la extensión, pero no se como resumirlo y ser más concreto.

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