El sistema de seguridad privada en Argentina

Previo a cualquier análisis sobre la situación actual del sistema de seguridad privada es menester aclarar a quienes consideramos englobados dentro de éste. Y es que no estamos hablando aquí únicamente de las entidades y empresas privadas prestatarias de servicios de seguridad, sino que también se encuadran en este sistema los organismos o dependencias gubernamentales responsables de la regulación y el control del servicio de seguridad privada. Si bien aquí nos referimos específicamente al caso Argentino, las variables son casi las mismas en toda la región.

Carencia de instancias y procedimientos que encaucen el funcionamiento de la seguridad privada en el marco institucional; ausencia o insuficiente fiscalización y control sobre las entidades prestatarias; personal de seguridad privada involucrado en la comisión de hechos delictivos en ocasión del ejercicio de sus funciones; empresas integradas por ex agentes de las fuerzas armadas y de seguridad que registran procesos o condenas por delitos y/o violaciones a los derechos humanos; falta de un marco regulatorio adecuado; inexistencia de agencias de coordinación. Este conjunto de situaciones se halla estrechamente ligado al rol del Estado como instancia responsable de administrar el monopolio de la coerción y su capacidad de gobernar –no tan sólo regular- el sistema de seguridad privada.

En lo institucional uno de los datos más sorprendentes es la falta de un marco regulatorio adecuado. Cerca del 70 % de las provincias no tienen una ley de seguridad privada, careciendo asimismo de agencias de coordinación y control dependientes del área de gobierno de la seguridad. Estas deficiencias de carácter normativo y estructural tienen como correlato una débil intervención del Estado a fin de cumplir las funciones que le competen.

En materia de control y fiscalización no existe continuidad en el seguimiento del desempeño de los prestadores de seguridad privada. En el caso de las inspecciones, la falta de regularidad en su implementación o la discrecionalidad de los agentes encargados de llevarlas a cabo condiciona la calidad de los datos obtenidos y, de tal modo, se desaprovecha una herramienta esencial para verificar el cumplimiento de la legislación aplicable y la calidad del servicio brindado.

En ese marco, se carece de un diagnóstico situacional e institucional integral del sistema de seguridad privada, razón por la cual las políticas y estrategias de prevención y conjuración del delito y la violencia no pueden articular con éxito una labor eficaz entre el sector privado y el público.

Hay que destacar que la falta de injerencia estatal en el mercado de la seguridad juega un rol preponderante en la conformación de este estado de cosas. Al respecto, si bien en el modelo actual los prestadores suelen estar obligados a cumplir determinados requisitos para obtener la habilitación y desarrollar actividades de seguridad privada, dichas exigencias resultan insuficientes para garantizar la calidad del servicio que reciben los ciudadanos.

Varios factores coadyuvan para que la inseguridad resulte funcional a las expectativas de lucro de las agencias privadas: la ineficacia de las agencias estatales en la provisión de seguridad, la expansión del temor al delito y la creciente demanda ciudadana de mayor protección en un mercado caracterizado por la contienda entre las empresas del sector por acaparar el mayor número de clientes, sin una adecuada labor de fiscalización por parte de las autoridades de aplicación.

De esta manera se vuelve necesaria la elaboración y puesta en marcha de una política de seguridad pública que refuerce la institucionalidad del sistema de seguridad privada basada en cuatro áreas fundamentales, a saber: 1) el marco regulatorio y estructural; 2) la labor de control y fiscalización; 3) la cooperación e integración entre el sector privado y las instancias estatales y 4) el mercado de la seguridad.

Una propuesta que podría hacer frente a los problemas actuales es el establecimiento de un sistema de licencias o concesiones. A diferencia del modelo desregulado vigente, en el que existe libre competencia con intervención estatal para controlar el cumplimiento de formalidades, aquél se hallaría en condiciones de suprimir los efectos negativos de la competencia de la industria de la seguridad mediante la reducción de la cantidad de prestadores en cada zona concesionada y la imposición de condiciones estrictas de prestación del servicio, en términos de calidad y eficiencia.

Asimismo, el modelo de concesiones transparenta el desempeño y responsabilidad de cada empresa en su zona de actuación, simplifica la labor de fiscalización y seguimiento en el área respectiva y facilita la coordinación con las fuerzas públicas de seguridad.

Quizá aún no seamos del todo conscientes de las consecuencias de la creciente privatización de la seguridad. Es por esto que es hora de comenzar el debate, a fin de poder prever y encausar el rumbo de los acontecimientos y no dejar que éstos decidan nuestras políticas por nosotros.

Por Gabriel Bustos

Boletín Nº 4 del ILSED – Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia

Publicado en www.ilsed.org

 

Una respuesta to “El sistema de seguridad privada en Argentina”

  1. aldakrama Says:

    Que el 70% de las provincias carezca de control sobre la seguridad privada es grave. Si nos cuidan delicuentes con tanta experiencia ¡Sálvese quién pueda!

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