La reforma democrática de la seguridad

El debate sobre la seguridad pública y comunitaria ha ido consolidando dos campos de ideas contrapuestas que atraviesan transversalmente a los partidos políticos y la sociedad. Nada nuevo hay en la existencia de proclamas de la demagogia punitiva, del llamado manodurismo, de aquellos que quieren resolver los problemas complejos de la seguridad con una hiperinflación de los códigos penales y procesales, de los reiterados pactos con la corporación policial.
La novedad es la articulación en un cuerpo común de ideas, plural y diverso, de quienes sostenemos la necesidad de políticas públicas de seguridad basadas en un umbral común de los ciudadanos argentinos, de sus fuerzas políticas, de las universidades, de los expertos, de las organizaciones de Derechos Humanos y sociales. Este es el camino que plantea el Acuerdo para la Seguridad Democrática (ASD). El dato relevante es que no sólo se plantea un cuestionamiento ante las políticas autoritarias de seguridad, sino que muestra y demuestra su ineficacia en la prevención y persecución de los delitos, su matriz antidemocrática, discriminadora y clasista. Además, el Acuerdo propone un modelo de gestión de las políticas públicas de seguridad basado en la recuperación del gobierno civil, terminar con la autonomía policial, mejorar la capacitación de las fuerzas de seguridad para transformarlas. Entendemos que su profesionalización romperá los nichos de corrupción y zonas grises de convivencia con el delito. Estamos convencidos que la seguridad pública no es meramente un problema policial, sino que es esencialmente una política multiagencial que necesita de la participación ciudadana y del compromiso de todo el Estado.
Cuando se fundó el Acuerdo de Seguridad Democrática señalamos que “la manera más eficaz de avanzar sobre el problema implica operar sobre las causas del delito y las redes de criminalidad, con miras a reducir la violencia en todas sus formas. Una concepción integral de la seguridad implica tanto la prevención de la violencia física como la garantía de condiciones de vida dignas para toda la población. Esto requiere estrategias de abordaje integral que articulen las políticas de seguridad con otras políticas públicas y complementen las acciones del sistema penal con intervenciones de todas las áreas del Estado.
Justamente, como estamos ante una de las grandes deudas de la democracia y de los distintos gobiernos que se sucedieron, estos problemas son importantes y para resolverse necesitan una planificación y etapas para su cumplimiento. No podemos desconocer que los procesos de reforma afectarán intereses económicos o políticos de quienes se benefician lícita o ilícitamente con la autonomía policial. Es por eso que cada vez que se pone en marcha un cambio, comienza una campaña para sentenciar que es imposible, que se va a afectar la gobernabilidad, que las medidas más allá de su buena intención van a traer “caos” o que se va desproteger a la ciudadanía por una visión “ideológica” de la seguridad.
La experiencia dice todo lo contrario. Valga como muestra el ejemplo de la provincia de Buenos Aires. Allí no fueron los procesos reformistas los que afectaron la gobernabilidad o impulsaron el delito. Por el contrario, fue en los tiempos del gobierno de Duhalde cuando se profundizó la autonomía de la policía y el pacto con la corporación. Eran los tiempos del comisario Pedro Klodczyk, cuando el gobernador hablaba de la “mejor policía del mundo”. Sin embargo, fueron esos nichos de corrupción y delito los que afectaron la gobernabilidad de la provincia. Vale la pena recordar las acusaciones hacia la Bonaerense de su participación en el atentado a la AMIA, la intervención en el asesinato del periodista José Luis Cabezas, el descubrimiento de que las brigadas antidrogas de aquel tiempo participaban en la venta y regulación ilícita del narcotráfico. También el caso de las comisarías cercanas a las rutas que tenían connivencia con los piratas del asfalto, y cuanto más cerca de las comisarías, más ganado se robaba en los campos. Eran los tiempos donde todavía seguía actuando la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense (aquel engendro que dirigió Miguel Osvaldo Etchecolatz) donde se seguía espiando, vigilando, persiguiendo centros de estudiantes, organizaciones sociales, opositores políticos, organizaciones de Derechos Humanos y tantos ciudadanos ilustres de la provincia. La ingobernabilidad democrática y la policía partícipe de ilícitos tuvo mayor desarrollo en los tiempos donde reinó la mano dura y la demagogia punitiva combinada con la autonomía policial.
Aquella política de demagogia autoritaria apareció una y otra vez en la provincia de Buenos Aires, con Ruckauf, Rico, Casanova, Lorenzo. Por momentos lograba adhesiones de una parte de la población, pero luego de sufrirse sus consecuencias, llegaron los rechazos que incluso llevaron a puebladas. Hoy vuelve a expresarse con fuerza la autonomía policial de la Bonaerense, en su accionar muchas veces fuera de todo control, en los asesinatos en José León Suarez, Baradero. Y antes en las desapariciones de Julio López y del joven Luciano Arruga. O en la persecución de los jóvenes empobrecidos o los malos tratos y torturas en comisarías.
No hay mejoras en la seguridad de los vecinos, ni mejor provincia, ni más justicia avalando la vocinglería manodurista de algunos pocos dirigentes políticos. Por el contrario, sólo se agravaron los problemas. Son los procesos de reforma afincados en otro paradigma de la seguridad pública y comunitaria los que vienen a solucionar dichos problemas. La democracia está en deuda.

Es tiempo (con mucho atraso) de saldarla.

Por Alejandro Mosquera

Secretario Ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria

 Publicado en Tiempo Argentino – 14 de Abril de 2011

                                

 

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