La última contrarreforma al sistema de seguridad bonaerense

Los dos procesos de reforma que atravesó el sistema de seguridad de la provincia de Buenos Aires fueron consecuencia de sendas crisis iniciadas por crímenes de alto impacto social y político: el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas en 1997 y el secuestro y posterior asesinato de Axel Blumberg en 2004.

La reforma iniciada en 1997 fue desmantelada durante la gestión de Carlos Ruckauf. A su vez, el gobernador Daniel Scioli ha impulsado desde 2007 medidas tendientes a dejar sin efecto las modificaciones promovidas en relación con el gobierno democrático de la seguridad.

El Ejecutivo provincial dio marcha atrás con los cambios que se habían realizado en la estructura de la Bonaerense y optó por la autonomía policial como forma de gobernabilidad. Entre otros indicadores de esta política aparece el abandono de la dirección civil y las herramientas de gestión que permitían el monitoreo de los fenómenos de inseguridad y del trabajo policial. También se desactivaron los mecanismos de control interno de la fuerza a cargo de personal civil y se abandonó la política de participación ciudadana y de prevención comunitaria de la violencia (1). Cuando la Auditoria de Asuntos Internos de la policía provincial estuvo integrada por civiles especializados en la investigación administrativa, la calidad del control interno mejoró de manera notable.

Esta experiencia produjo un descenso de los delitos cometidos por personal policial, a la vez que expulsó de la fuerza a quienes incurrían en abusos funcionales y actividades delictivas. El control civil llegó a tener efectos concretos en el uso de la fuerza policial tan pronto como los funcionarios notaron que las irregularidades tendrían consecuencias directas en sus carreras. Este nivel de impacto pone en perspectiva la decisión de la gestión actual de declarar cesante al personal civil y de encomendar las investigaciones a policías. Además, se anularon otros mecanismos que ejercían distintos tipos de control, como los foros de seguridad. Estas políticas institucionales impactan en una ampliación de la discrecionalidad en el uso de la fuerza, en la conformación de redes de ilegalidad policial y en el aumento del índice de violaciones de derechos, como las prácticas de violencia ya analizadas.

Durante 2010, la reunificación de los ministerios de Seguridad y Justicia bajo la dirección del titular de esta última cartera, Ricardo Casal, no hizo más que profundizar el proceso, al reducir las capacidades institucionales del área.

Un hecho significativo fue la confirmación en el cargo del jefe de la Policía Bonaerense, Juan Carlos Paggi, en quien Casal delegó las tareas de seguridad del Ministerio absorbido por su órbita (2). La reunificación redujo al mínimo la capacidad de control y constituyó un fuerte mensaje hacia el interior de la institución, dado que evidenció el abandono del intento de conducción política de la seguridad y la recaída en el modelo de la autonomía policial (3). La misma tendencia quedó manifiesta en el traspaso de la potestad disciplinaria de la dirección civil al jefe de policía, y en la autorización para la apertura de nuevos 911 (4) en determinados lugares, que funcionan de modo subordinado a las autoridades policiales de cada jurisdicción, en lugar de depender de las máximas autoridades del sistema.

Con idéntica orientación, se reformó el estatuto policial a fin de desalentar la profesionalización de los funcionarios y reinstalar los escalafones comando y general (antes oficiales y suboficiales). La nueva estructura elimina la lógica de especialización y recupera la vieja tradición de estamentos en la carrera policial, propia de las instituciones militarizadas.La Policía Buenos Aires 2 fue asignada a una jefatura y pasó a ser dirigida según los criterios tradicionales, medida que diluyó el perfil de fuerza de patrullaje preventivo con el que había sido creada (5).

El diseño, la ejecución y la supervisión de las políticas de seguridad han sido también puestos en manos de personal policial. La provincia había reconstruido estadísticas criminales desde 2000 hasta 2007, así como mapas del delito, de operatividad de las dependencias policiales y del 911, pero a partir de la gestión de Carlos Stornelli en el Ministerio de Seguridad provincial estas bases de datos fueron sustituidas por la estadística policial.

(1) Entre ellos, los mecanismos establecidos porla Ley12 154 y la incipiente descentralización de facultades hacia los gobiernos municipales. Véase CELS, Derechos humanos en Argentina. Informe 2010, ob. cit.

(2) El poder estratégico y de gestión sobre una fuerza de 52 000 efectivos y un presupuesto anual de casi 5000 millones de pesos, según el presupuesto de 2010 para el entonces Ministerio de Seguridad, recae ahora en una jefatura centralizada, cuyo ejecutivo se concentra en un jefe de policía y una cúpula integrada por pocos comisarios generales.

(3) El cargo de superintendente general de policía es equivalente al de subsecretario de Estado. Véase <www.mseg.gba.gov.ar/mjysseg/Organigrama/organigrama.html>.

(4) El sistema centralizado de emergencias 911 funcionaba con un equipo preparado, dependiente de las autoridades civiles del Ministerio. La actual gestión suprimió su autonomía, puso al frente del sistema a personal del área de seguridad sin capacidad técnica en la materia, y autorizó la apertura de nuevos 911 para lugares que funcionan de modo subordinado a las autoridades policiales de cada jurisdicción. Una de las consecuencias más graves del desmantelamiento de esta área es que funcionaba también como una herramienta de gestión y control político. La información que brindaba a la conducción civil en tiempo real sobre la cantidad y el tipo de hechos denunciados en los diferentes departamentos y regiones permitía establecer patrones comunes de modalidades delictivas y constituía una herramienta de supervisión y seguimiento del desempeño de las departamentales.

(5)La Policía Buenos Aires 2 de la provincia de Buenos Aires fue creada por la Ley13202 (sanción: 27/05/2004, promulgación: 07/06/2004) con funciones específicas de prevención en los partidos del conurbano bonaerense, como se establece en el art. 4: “La Policía Buenos Aires 2 actuará en la prevención del delito, de oficio o a requerimiento. No cumplirá tareas de custodia de objetivos fijos ni de personas y no albergará detenidos en sus dependencias. Queda prohibido al personal dela Policía Buenos Aires 2 realizar cualquier otra diligencia que no sea la de patrullar y desplegar acciones estrictamente preventivas en el marco de las facultades asignadas en la presente ley. No podrá practicar citaciones ni notificaciones judiciales, ni acciones equivalentes, ni realizar tarea administrativa alguna ajena al funcionamiento mismo de dicho cuerpo policial”. Una de sus características diferenciales consistía en que “la formación y capacitación del personal tendrá lugar en institutos diferenciados de los destinados al personal de las demás policías. Se dará preferencia, a esos fines, a las universidades nacionales”. Si bien en sus primeros años parte de la capacitación de esta policía se desarrolló en universidades nacionales de la provincia de Buenos Aires, este aspecto también fue diluyéndose en la actual gestión. En el presente son afectados a similares operativos –o incluso a los mismos– que la Policía Bonaerense, y los rasgos distintivos del uniforme y los móviles se han reducido al mínimo, por lo que resulta difícil diferenciarlos del resto del sistema policial de la provincia.

 

Extracto del Informe 2011 del CELS – Centro de Estudios Legales y Sociales

www.cels.org.ar/common/documentos/CELS_FINAL_2011.pdf

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