El delito como estrategia de supervivencia

A simple vista uno puede suponer que los delitos aumentan conforme sube el desempleo y la pobreza. Ahora bien, ¿existe alguna forma de probar la relación entre esos fenómenos? Nos pareció importante compartir las conclusiones de una investigación sobre delitos, robos, hurtos y tentativas de robo y hurto en el período 1990 – 2007, realizada por economistas de la Universidad Nacional de Córdoba que pretende encontrar otras claves para explicar esta problemática.

Liliana Pereyra, investigadora del Instituto de Economía y Finanzas dela Facultadde Ciencias Económicas dela UNC, sostiene que el crecimiento de la tasa de delitos contra la propiedad se relaciona con el desempleo, la pobreza o la desigualdad del ingreso, pero es difícil obtener datos claros de la relación entre esos hechos.

Según Liliana Pereyra, es más productivo hablar de exclusión social. La exclusión es una situación que entrelaza la pobreza o carencia de ingresos estables, la desocupación o el trabajo inestable, los bajos niveles de educación y las relaciones inestables en el ámbito familiar y social. Es decir, que son un conjunto de factores los que se consideran. A partir de este indicador se estudia la problemática desde un enfoque diferente, estimando la cantidad de hogares que se encuentran en condiciones altamente desfavorables, así como también su relación con la tasa del delito contra la propiedad.

Pensemos, por caso, cuántas familias conocemos que atraviesan situaciones similares a las que describe el estudio, de acuerdo a estadísticas recientes el 63% de los hogares urbanos no satisface las necesidades diarias. En ese marco, el delito no sólo se presenta en situaciones de pobreza; sino también cuando no existen oportunidades, cuando los vínculos familiares y sociales se quiebran. “El delito se convierte en una estrategia de supervivencia, que emerge de la sociedad que no provee las oportunidades necesarias para que puedan liberarse de las condiciones adversas en las cuales se encuentran, afirma la investigadora.

¿En este caso el delito sería la única salida para quien no encuentra respuestas o contención en otros espacios? En tal caso, parte importante de aquellos que caen en la delincuencia, ¿en realidad lo hacen porque se ven obligados?

En ese sentido, una de las conclusiones a la que arriba el estudio es que en Argentina, un incremento de 1% en la exclusión social aumenta la probabilidad de que el delito crezca en 2%, cifra que es superior a lo registrado para el desempleo o la pobreza. En otras palabras, un pequeño aumento en la cantidad de hogares en situación de exclusión social produce una crecida del doble en la tasa de delitos.

La cuestión se complejiza cuando el delincuente cumple su pena en instituciones penitenciarias que deterioran aún más las posibilidades de inclusión y sus capacidades humanas. Al salir se encontrará en una situación de doble exclusión lo que agrava su desfavorable situación inicial, si previo al delito sus posibilidades de inclusión eran escasas, posteriormente el contexto es aún peor y en muchos casos empuja a la persona a escapar de su realidad mediante el empleo de drogas. El círculo se cierra cuando se reincide en el delito y una vez más se sufre el encierro.

¿Por qué no se diseña un sistema carcelario que busque la reinserción a través de la capacitación o el trabajo de los encarcelados?

Para profundizar la mirada, desde este enfoque pierde fuerza la asociación común que suele hacerse entre pobreza y delincuencia, el estudio muestra que las provincias con un mejor contexto económico y social no evidencian menor tasa delictiva. Mientras que el desempleo también sería una variable poco relevante ya que, por ejemplo, Tierra del Fuego, Mendoza y Neuquén, que tienen un índice de desempleo por debajo de la media del país (1,2%), registran los más altos niveles de crecimiento delictivo.

Eso significa, que el delito es un fenómeno multidimensional en el que confluyen múltiples factores. La pregunta de fondo es qué está haciendo el estado para responder a esta problemática, se ve que la doctrina de la mano dura y de la razzia, de la baja de edad en la imputabilidad y de la portación de rostro no funciona. Según la investigadora: “Dada la complejidad del delito-exclusión social, es necesario atacar el problema integralmente, sistematizando las políticas públicas y en especial las políticas sociales para lograr revertir la situación, contrariamente a lo que las autoridades, tanto provinciales como nacionales, han venido haciendo hasta el momento. Si bien es cierto que han avanzado en la regulación de políticas y programas sociales para la inclusión social, las herramientas utilizadas no son eficaces para solucionar un problema tan complejo”.

La conclusión de la investigación señala que la situación revela que la lógica de los gastos en seguridad debiera transformarse hacia una lógica de intervención estatal tendiente a fortalecer políticas de inclusión social y nuevas metodologías de tratamiento para la delincuencia.

Héctor Fuentes Pedraza – Revista Pueblo Nuevo – www.revistapueblonuevo.com.ar

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