Involución de la Policía Comunal

La sanción de la ley 13.210 en 2004 marcó un hito que algún día será reconocido y valorado en toda su magnitud.

Después de políticas erráticas y años de autogestión –con los magros resultados que todos conocemos- la fuerza policial iba a adquirir un perfil distinto; con características diferenciales conforme a distintas hipótesis de conflicto y con estructuras adecuadas a las necesidades de cada lugar.

Si bien es cierto que su implementación tuvo tropiezos, habida cuenta del calamitoso estado inicial y de la cultura imperante en la fuerza, poco proclive a los cambios, acentuada por la miopía de algunos intendentes, que no percibían los beneficios del cambio.

Pero a pesar de los errores –que sin dudas tuvo en ese comienzo- marcaba un camino virtuoso que lo alejaba de los vicios anteriores.

La provincia mejoró sensiblemente su seguridad, no sólo por esta cuestión, sino también por incorporar a la agenda, la multicausalidad del fenómeno con el tratamiento simultáneo de todas las variables que confluyen en lo que vulgarmente llamamos seguridad (salud, educación, trabajo, inclusión social) y por el ingreso de agentes sociales comprometidos con el tema y la propuesta.

Recordemos que este paso trascendental se dio bajo la gobernación del Ing. Felipe Solá y el ministerio del Dr. León Arslanian.

Las elecciones de octubre de 2007 marcan un punto de inflexión en la política de seguridad bonaerense.

El 27 de diciembre de ese año (!!!) la Legislaturabonaerense modificó un artículo de la Leyde Policía Comunal suspendiendo en forma temporal la elección popular de los jefes de policía comunal que debía comenzar a implementarse al año siguiente y que curiosamente aún no se ha restituido. No fueron pocos los que adjudicaron esta iniciativa al novel gobernador, movilizado en tal sentido por jefes policiales que temían por el resquebrajamiento del verticalismo y por intendentes que veían un peligro en la gestación de posibles líderes en sus pagos chicos.

Se inicia entonces la contrarreforma, generando un doble comando en el Ministerio de Seguridad con un ala político-profesional a cargo del Dr. Carlos Stornelli y un ala policial cuasi autónoma a cargo del Superintendente (de Policía Científica) Daniel Salcedo.

Poco cabe agregar de la gestión de los dos años siguientes, a los cuales ni siquiera la intensa propaganda de la provincia puede rescatar de la inoperancia.

El perfil de los fiscales que acompañaron la gestión ministerial y las rencillas internas, es un capítulo que no por escondido deja de mostrar la falta de méritos de algunos de los seleccionados para el desempeño de la tarea.

Son señales claras de la directriz, el regreso a la formación centralizada de los nuevos agentes enla EscuelaVucetich, el retorno al doble escalafón y el cambio de las denominaciones de los cargos policiales; esto, paradigmático de la vuelta a una vieja policía, resistida por muchos de los cuadros medios policiales que si habían percibido los avances que planteaba la ley 13210.

Al mismo tiempo y debido a una política que los excluye, la participación ciudadana –expresada en los Foros de Seguridad y organizaciones intermedias vinculadas a la problemática- comenzó a transitar una de sus épocas más sombrías, en la cual todavía permanece.

El inevitable fracaso de Stornelli no provocó como era dable esperar, el cambio de rumbo de la política de seguridad.

Al fiscal federal lo sustituyó el Dr. Ricardo Casal acompañado en el tándem por el Comisario Gral. Juan Carlos Paggi (sucesor de Salcedo tiempo antes), con la unificación de los ministerios de Justicia y Seguridad.

El nuevo ministro seleccionó sus cuadros entre las filas partidarias aún a despecho del imprescindible conocimiento necesario para la función.

Si bien es cierto que algunas decisiones mostraron un giro de 180º respecto de la gestión anterior, la fuerte impronta marketinera y con claro propósito electoral, muestra en el mejor de los casos que no les es posible salir del marasmo en que se introdujeron y en el cual introdujeron a la provincia desde el 2007.

El retroceso dela PolicíaComunalen este contexto es prácticamente una anécdota más.

Las decisiones no son ya producto del conocimiento y trabajo de las comunidades organizadas (intendentes, concejales, organizaciones forales e intermedias) en conjunción con un ministerio competente, sino aquellas emanadas de los despachos oficiales en muchos casos a cientos de kilómetros de los escenarios reales y con objetivos claramente diferenciados.

Apuntes de Seguridad Ciudadana

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